La asociación Iniciativa Democrática, haciendo el juego a la izquierda caviar que está perdiendo el control de algunas instituciones como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, presentó una carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) “en defensa del orden constitucional y la democracia en Perú”, que significa un golpe de Estado encubierto contra el Congreso y el Poder Ejecutivo.
El documento, firmado por el exministro Rudecindo Vega —presidente de la asociación—, expresa preocupación por las recientes reformas constitucionales y decisiones legislativas tomadas “con anuencia del Ejecutivo”, las cuales comprometen, a su juicio, “la separación e independencia de los poderes”.
Entre los hechos destacan las acciones contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la eliminación de elecciones primarias en los partidos políticos, así como el impacto “negativo” en la autonomía de la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.
La Iniciativa Ciudadana advierte que estas acciones representan una “captura de instituciones” clave para el proceso electoral, incluido la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que marca un claro avance hacia una agenda “autoritaria”.
Sin embargo no dicen que el Ministerio Público, controlado por la izquierda caviar ha iniciado un complot contra Patricia Benavides para sacarla del cargo y que pretende evitar su retorno a la Fiscalía de la Nación y que atacan al Tribunal Constitucional por la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori y porque han perdido el control en esta entidad.
La Carta Democrática, adoptada el 11 de septiembre de 2001 por la OEA, se activa ante la percepción de alteración o ruptura democrática en sus Estados miembros, con el fin de proteger y fomentar la democracia en el hemisferio Occidental. Ante riesgos a la democracia, se puede solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para evaluar y responder a la situación.
El Tribunal Constitucional (TC) suspendió a fines de abril la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la JNJ, tras ser inhabilitados por el Congreso por una infracción constitucional. Paralelamente, ante la no ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, la JNJ anunció la convocatoria de un concurso público para su selección. En estos dos casos fue un duro revés para la llamada izquierda caviar que perdió el control en estas instituciones y buscan patear el tablero.
También se cuestiona la decisión democrática de la Comisión de Constitución del Parlamento, que impulsa un predictamen para reemplazar a la cuestionada JNJ por la Escuela Nacional de la Magistratura, con lo cual se otorgaría al futuro Senado la facultad de elegir al jefe de la ONPE.
La Carta Democrática se aplicó por primera vez en 2002, durante el breve derrocamiento de Hugo Chávez. Posteriormente, se empleó en situaciones de crisis en Honduras en 2009, luego de que un grupo de militares depuso a Manuel Zelaya, y se intentó nuevamente en Venezuela en 2016, aunque sin éxito.
