Por brindar “declaraciones políticas” en el Caso Lava Jato
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, fue sancionado con una multa equivalente al 10% de su sueldo mensual por haber dado declaraciones que han sido consideradas “políticas”.
La sanción, adoptada por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, se dio por la sus declaraciones a los medios de comunicación.
El fiscal Pérez se refirió a la controversia generada con Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla y las obligaciones de la empresa brasileña.
“De no lograr la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos. Para mí, estamos en un momento decisivo. Si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta”, señaló Pérez. Estas afirmaciones fueron consideradas “extrañas a la función fiscal” por Luis Alberto Germaná Matta, fiscal de la Oficina Desconcentrada dControl Interno de Lima.e
«Declarar fundada la queja seguida de oficio contra José Domingo Pérez en su condición de Fiscal Provincial Titular del Primer Despacho de la Fiscalía Supranacional Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial […] imponiéndole la sanción disciplinaria de multa del diez por ciento (10 %) de su remuneración total mensual», dice el documento.
En su fallo, el fiscal cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.
«Por tanto, resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un ‘derecho o libertad de los demás’ (…) Aparte de estos supuestos y, como señala el Tribunal de Estraburgo, el juez como funcionario público, está sometido a un deber de discreción», dice el documento.
La resolución 2224-2019 de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima precisa que el artículo 23 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, determina que son prohibiciones a los servidores públicos «emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos de Estado, salvo autorización expresa de la autoridad competente».
De otro lado, Pérez deberá declarar el lunes ante el juez supremo Hugo Núñez Julca, por el proceso que se le sigue al fiscal supremo Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real. Esto a raíz de la decisión que Chávarry tomó, como fiscal de la Nación, de retirar a Rafael Vela y Pérez del equipo especial Lava Jato.
La decisión de Chávarry generó que se suspendiera la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que estaba programada para el 11 de enero de este año, y las declaraciones de exejecutivos de la firma brasileña, como Jorge Barata, y entrega de documentación.
El martes 12, Vela también declarará por el mismo caso. La investigación está a cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien tiene entre sus prerrogativas solicitar la suspensión de Chávarry. En dos ocasiones, el coordinador del equipo Lava Jato ha solicitado a Revilla que se suspenda de sus funciones al exfiscal de la Nación.
