El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, ello para fiscalizar y transparentar los fondos que captan las ONG del exterior. La iniciativa fue respaldada por 82 congresistas, 15 votos en contra y 4 abstenciones, por lo tanto fue exonerada de una segunda votación.

De esta manera, las ONG deberán rendir cuentas de los más de 400 millones de dólares que reciben de la cooperación internacional, muchos de esos dineros son para promover iniciativas de la izquierda como la ideología de género.

Las bancadas que respaldaron esta iniciativa de ley fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Sólo la izquierda y sus aliados se opusieron a la ley de transparencia.

El dictamen aprobado señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) será empoderada para fiscalizar el financiamiento extranjero que llega a las ONG.

Además, dice que el Consejo Directivo de la APCI estará conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha ley considera como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente vayan contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno. Cabe señalar que varias ONG promueven cacería judicial a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, también promueven manifestaciones contra la minería.

También considera una infracción grave que las ONG financien o asesoren acciones administrativas y judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano, sobre este tema varias ONG defienden los derechos humanos de procesados por terrorismo, promoviendo que el Estado paguen millonarias reparaciones a quienes hicieron daño al Perú.

La ley precisa que las ONG pueden ser denunciadas ante el Ministerio Público de encontrar indicios o evidencias de que el financiamiento está destinado para actividades ilícitas.

Las sanciones que plantea esta propuesta de norma es una multa de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de la ONG señalada.

«No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen», exclamó el congresista de Honor y Democracia, José Cueto durante el debate.

«Hoy estamos ante uno de los proyectos más importantes de este periodo parlamentario. Una propuesta legislativa que va a cortar el modus operandi de quienes, aprovechándose de la cooperación internacional, se llenan los bolsillos a costa del destino de los más pobres del Perú», manifestó el fujimorista Alejandro Aguinaga.

“Las ONG no rinden cuentas a nadie, no pagan impuestos y le imponen su agenda política al país. ¡Basta de impunidad! Comencemos por lo más básico y elemental en un Estado de Derecho: la transparencia y fiscalización de ingresos de ONG. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué ocultan?”, señaló el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular.

El periodista Diego Acuña señaló: “Saludamos su aprobación. Les siguen cortando el caño a los enemigos del Perú, prepárense para una nueva ola de llanto caviar”.