Fiscalía ahora la investiga por usar fondos para denunciar fraude de Castillo en el 2021

En plena campaña electoral, la Fiscalía abrió una nueva investigación contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros cinco fujimoristas son investigados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en las modalidades de conversión y ocultamiento. 

Según la fiscal Manuela Villar, se habrían reunido más de S/1 millón de soles de origen posiblemente ilícito para financiar una serie de impugnaciones electorales contra los votos obtenidos por Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral del 2021 y que le dieron la victoria. El dinero habría sido entregado en sobres manilas y trasladado por motorizados.

La Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos involucra en la investigación a: Keiko Fujimori, presidenta del partido; Luis Fernando Galarreta, secretario general nacional; Miguel Ángel Torres, subsecretario nacional; Karina Beteta, tesorera; Lindman Miranda, contadora; y Liliana Takayama, representante de Fuerza Popular.

El objetivo, de acuerdo con la tesis fiscal, habría sido captar fondos en efectivo de origen presuntamente ilícito para canalizarlo de forma clandestina hacia la campaña electoral. Los fondos habrían sido entregados «sin trazabilidad bancaria, mediante sobre cerrados y por intermedio de motorizados», se lee en el documento.

La cifra asciende a aproximadamente S/1’309,770.00, monto incorporado al sistema financiero entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de 2021, según la fiscalía no existe un respaldo para justificar de manera lícita su procedencia.

Según el partido, el monto se usó para pagar 1,384 tasas administrativas ante el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales a fin de interponer solicitudes de nulidad de mesas de sufragio, apelaciones y observaciones de actas vinculados al proceso electoral del 2021. Sin embargo, según el oficio del JNE, el monto pagado por esas tasas fue de S/1’299,300 existiendo una diferencia de S/ 10,470.00, la cual no ha sido justificada, y constituye, según la fiscalía, un indicio de posible sobrevaloración o simulación de gastos.