Manifestantes de 24 ciudades peruanas se movilizan contra una norma que, según expertos, debilita la lucha contra la deforestación y viola derechos indígenas.
Por: Olivia Chava
Foto: Daniella Regalado
Las manifestaciones a nivel nacional han vuelto a exigir que la Comisión Agraria se pronuncie a favor del dictamen que busca la derogatoria de la Ley 31973, conocida como «Ley Antiforestal«. La movilización, que tuvo lugar el pasado 20 de abril, contó con la participación de ciudadanos de diversas ciudades peruanas, unidos en contra de una norma que, según expertos, debilita la lucha contra la deforestación en el país y viola los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Expresiones de rechazo y unidad
Esta segunda jornada de protestas se suma a las expresiones de rechazo que ya se habían manifestado en más de diez ciudades peruanas a inicios de marzo. En aquella ocasión, jóvenes, colectivos y líderes ambientales se unieron para expresar su oposición a una norma que modifica el procedimiento de Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), permitiendo actividades agrarias sin el sustento técnico necesario y sin contemplar alternativas para proteger los bosques.
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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha recomendado la creación de un proceso participativo e informado que garantice la seguridad jurídica de los agricultores y que respete áreas de comunidades nativas. Además, el pasado 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un dictamen para derogar la Ley 31973, el cual ahora deberá ser sometido a votación en la Comisión Agraria antes de llegar al pleno del Parlamento.
¿Por qué debe derogarse la Ley Antiforestal?
En enero pasado, el Congreso aprobó cambios a la ley forestal y de fauna silvestre que, según grupos ambientales, afectan los derechos de los pueblos indígenas y promueven la deforestación en la Amazonía. Aunque el Ejecutivo rechazó la norma, argumentando que la zonificación ambiental debe ser responsabilidad del Ministerio del Ambiente y que permitir cambios en zonas forestales para la agricultura sin restricciones es incorrecto, el Congreso la aprobó de todas formas.
Según la congresista Ruth Luque, la ley se aprobó «sin consultar a los pueblos indígenas» y podría llevar al cierre de cerca de 1,300 casos judiciales en curso por delitos relacionados con la deforestación. Además, expone a los líderes indígenas a mayores riesgos y no atiende las necesidades de los pequeños agricultores, al permitir un uso excesivo del suelo forestal y eximir de responsabilidades que no promueven la formalización, sino la degradación ambiental.
La aprobación de esta ley también podría minar la confianza en los productos de exportación hacia países que exigen un comercio sin deforestación y tendría repercusiones climáticas globales. A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno aún no ha definido su posición y se espera que se empleen medios constitucionales para volver a debatir este asunto.
