Sucamec incauta armas a tres empresas de seguridad privada que operaban en Ayacucho e Ica sin contar con los requisitos mínimos para su almacenamiento
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó, a través de la Jefatura Zonal de Ica, 128 armas de fuego a tres empresas de seguridad privada que operaban en Ayacucho e Ica sin contar con los requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento de las mismas.
Las autoridades informaron que en la provincia ayacuchana de Huamanga se intervino a dos empresas de seguridad privada y se retiraron de sus respectivas armerías 89 revólveres y 5 pistolas.
Mientras que en la provincia de Nasca una compañía, por mudanza, trasladó su armamento a un lugar no autorizado, incautándose 10 escopetas y 24 revólveres, que ahora se encuentran a salvo en los almacenes de la Jefatura Zonal de Ica.
También se realizó la verificación de 2 polvorines superficiales ubicados en la provincia de Palpa, propiedad de una empresa que solicitaba la autorización para adquirir explosivos y 2 polvorines subterráneos localizados en Nasca.
Según indicó Sucamec, entre las deficiencias detectadas en estos negocios resaltan las relacionadas a sus sistemas de video vigilancia y alarmas, señalando una falta a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2011-IN que exige cámaras de video internas y externas operativas, con capacidad de registrar imágenes por un periodo mínimo de 30 días y contar con alarmas interconectadas con la Policía Nacional del Perú para evitar posibles robos o pérdidas.
Por otro lado, en el caso de los polvorines subterráneos, estos no cumplían con los requisitos establecidos por la Resolución de Superintendencia N° 123-2020-SUCAMEC, como contar con un piso de cemento pulido no poroso, lo que previene la generación de chispas; ni con la distancia de seguridad entre el lugar de almacenaje, el cerco perimétrico y la garita de control.
Cabe recalcar que con estas acciones Sucamec señala que reafirma su compromiso por contribuir con la seguridad de las personas y de la propiedad pública y privada, actuando en las mismas zonas donde operan empresas que realizan actividades con bienes o materiales regulados.
