El Tribunal Constitucional (TC) citó al fiscal José Domingo Pérez para que presente sus alegatos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del caso por aportes ilícitos de campaña. La audiencia está programada para el miércoles 27 de agosto a las 10:30 a.m., según la notificación oficial.

Al interior del Tribunal Constitucional ya habría consenso para declarar fundado la solicitud de la defensa legal de Keiko Fujimori, esto es anular todas las actuaciones del fiscal José Domingo Pérez, solo faltaría escuchar los alegatos del cuestionado miembro del equipo Lava Jato.

Esta diligencia permitirá que Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, defienda la acusación que señala que Fujimori Higuchi recibió aportes irregulares durante sus campañas electorales, solicitando que sea condenada a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos.

El proceso ante el TC se inició luego de que Keiko Fujimori presentara un hábeas corpus solicitando la nulidad de todas las diligencias fiscales realizadas en su contra desde 2017. Según la defensa, los aportes recibidos constituirían “una irregularidad administrativa” y no implicarían violación de normas ni ilegalidad directa, argumentando que los fondos recibidos, incluyendo un millón de dólares de la constructora Odebrecht en 2011, no podían ser considerados ilícitos porque en ese momento la empresa gozaba de prestigio internacional.

“No se le puede atribuir el conocimiento de supuestos actos de corrupción o delitos previos, si al 2011 la compañía gozaba de prestigio y luego los hechos de corrupción se dieron a conocer en 2016”, declaró la abogada de Fujimori, Guilliana Loza, durante la audiencia previa.

De este modo, el caso que el TC analizará en la próxima semana se centra en determinar si las diligencias realizadas por el Ministerio Público tienen validez, y si se mantiene la posibilidad de que la investigación siga su curso o regrese a la fase preliminar.

Como integrante del equipo especial Lava Jato, Pérez sustentará que los aportes recibidos por Fujimori constituyen un delito de lavado de activos, con base en evidencia que vincula los fondos de Odebrecht y otros aportantes a la campaña presidencial. Según el fiscal, la acusación se fundamenta en que los recursos fueron transferidos de manera ilícita y encubierta, con el objetivo de financiar la campaña de Fuerza Popular de manera irregular.

En la audiencia, Pérez tendrá la oportunidad de argumentar directamente ante el TC, demostrando que las diligencias fiscales llevadas a cabo desde 2017 cumplen con los criterios legales y que existe base suficiente para que la investigación no sea archivada ni anulada.

La defensa de Keiko Fujimori sostiene que los fondos recibidos no constituyen un delito, basándose en la cronología de los hechos:

Los aportes de Odebrecht fueron realizados en 2011, años antes de que se conocieran públicamente las prácticas de corrupción de la empresa.

Para la fecha de los aportes, la compañía mantenía reputación internacional, por lo que no podía preverse que los fondos provenían de actividades ilícitas.

Los abonos serían, según la defensa, “una irregularidad administrativa” y no un delito de lavado de activos.