Nuestro “Tribunal Constitucional” (TC) creado por la Carta de 1993, tuvo como antecedente al “Tribunal de Garantías Constitucionales” nacido en la Constitución de 1979.
El actual Tribunal Constitucional “es el órgano de control de la Constitución” y por ello del control de la constitucionalidad de las normas y de las decisiones jurisdiccionales, teniendo como características su autonomía e independencia.
Nuestro Tribunal Constitucional se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Por desidia y falta de responsabilidad de anteriores congresos, no se han elegido a seis magistrados del TC que sustituyan a los que en la actualidad tienen mandato vencido en demasía. Solo uno tiene mandato vigente.
El actual Congreso, cumpliendo su responsabilidad, ha asumido el difícil reto de elegir a seis nuevos magistrados, para lo cual requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que en anteriores congresos se ha maltratado a algunos postulantes que podían exhibir notorias y notables aptitudes y pergaminos.
Nuestro Parlamento, al asumir la tremenda tarea mencionada, ha aprobado normas procedimentales, ha efectuado la convocatoria, ha recibido y revisado la documentación de los postulantes, habiendo hecho una primera determinación de quienes están aptos.
Pese a ya estar encaminada la tarea del Congreso de la República, en paralelo nos hemos encontrado con la noticia, que algunas organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional, se quieren entrometer en la elección de nuestros magistrados constitucionales, en una especie de veeduría que ninguna autoridad peruana les ha solicitado, que en la práctica significa una intromisión indebida e inaceptable.
Pretenden que cinco juristas del exterior, constituidos en un panel, realicen una evaluación supuestamente independiente, del concurso que lleva adelante nuestro Congreso, diciendo que es para “…garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, además de los estándares internacionales”.
Se agrega que “los expertos también evaluarán los méritos y cualidades de los actuales postulantes”, lo que se hará en paralelo durante la etapa de entrevistas. Los juristas a lo que nos referimos “…emitirán luego pronunciamientos parciales y al término del concurso presentarán un informe final”.
Hay que recordarles a las organizaciones gubernamentales que pretenden interferir y entrometerse en nuestros asuntos internos, que somos un país soberano, que nadie les ha solicitado su concurso, como tampoco ayuda, y que siendo el Perú un país soberano, no tiene motivo alguno para soportar tutelas de ninguna naturaleza.
El Congreso de la República, sin más demora, debería dejar sentada su protesta por la injerencia externa, acordar no se les permita a las personas nominadas para la supervisión no pedida, por más calificaciones que puedan exhibir, inmiscuirse en lo que no les compete, impedirles la entrada a las sesiones de los organismos parlamentarios a cargo de la selección y no entregarles documentación alguna.
Tenemos que hacernos respetar, recuerden que somos país soberano y como soberanos rechazar todo intento de que terceros se inmiscuyan en nuestros asuntos, sin que autoridad alguna lo haya ni siquiera sugerido.
