Juan Carlos Cortés, secretario general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue sindicado de incurrir en presunto conflicto de intereses por sus vínculos con miembros de la Junta antes y después de su elección.
Esta imputación la hizo el legislador Esdras Medina en el informe final que presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en la que, además, sindica al pleno de la JNJ de infringir la Constitución al mantener a Inés Tello como magistrada pese a tener más de 75 años.
En sus conclusiones, Medina sugirió remitir el expediente a la Fiscalía para que inicie pesquisas contra Cortés porque no es aforado.
La principal razón que aduce Medina es que el funcionario fue consultor de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los integrantes de la JNJ, en 2019, y cuando sus miembros fueron elegidos, pasó a convertirse en secretario general de la institución a la que había evaluado. Allí se configuró, según el informe, el conflicto de intereses.
“Su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que en su momento resultaron elegidos, implicaría un grave conflicto de interés, además de cometerse presuntamente los delitos de colusión y tráfico de influencias entre otros tipos penales”, señala el informe.
Precisa que, además, tendría vínculo con los siete integrantes pero en especial con Aldo Vásquez, quien más tarde se convirtió en presidente de la JNJ y designó a Cortés secretario general.
Es importante destacar que Cortes fue docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la que Vásquez era vicerrector. Luego, fue presidente ejecutivo de Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil).
En 2019 dejó Servir y ese mismo año fue incluido como asesor del concurso público para elegir a los magistrados de la JNJ.
Casualmente, en 2020, la institución pidió a Servir pronunciarse si correspondía dar por terminado el periodo de Inés Tello como miembro de la JNJ por superar la edad límite.
Servir respondió que “el rango etario señalado (…) representa una condición de acceso al cargo, más no un límite que acarree la vacancia del mismo”.
Lo paradójico es que quien firmó ese documento fue Cynthia Cheenyi Su Lay, entonces gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil, y que antes fue subalterna de Cortés. En el informe de Medina se señala que ese pronunciamiento de Servir se elaboró un día antes de que Inés Tello cumpliese 75 años, la edad límite.
