Los trabajadores de la empresa Agropucala no aguantaron más la falta de pagos de sus remuneraciones y decidieron paralizar sus labores exigiendo la salida del ex administrador judicial Jorge Hernán Atoche Pacherres, y su ex gerente de recursos humanos Eder Yanil Medina Zelada, a quienes responsabilizaron de la caótica situación de la empresa.
Como se sabe, hace más de 20 días que el Poder Judicial ordenó la salida de Atoche Pacherres de la administración de la empresa; sin embargo, el ex administrador continúa usufructuando sus bienes y comercializando la producción de azúcar clandestindamente, en abierto desacato a la orden del juez Juan Francisco García Mayorga quien en su momento fue el le entregó el cargo, que actualmente se resiste a abandonar.
Desde tempranas horas del día lunes 2 de noviembre, los indignados trabajadores decidieron paralizar sus labores, exigiendo la salida de Atoche Pacherres y Medina Zelada, a fin de que la administración legal pueda reiniciar las actividades productivas y efectuar el pago de las remuneraciones adeudadas.
Con tal fin, un nutrido grupo de trabajadores se trasladó hasta las oficinas de la II Macro Región Policial donde realizaron un plantón exigiendo al Gral. PNP Julio Díaz Zulueta que cumpla con ejecutar la diligencia de reinstalación de la administración legal de la empresa, dirigida por las CPC Yolanda del Carmen Pérez Arrascue y Paulina Consuelo Ventura Zapata, la cual no se realiza hasta la fecha por la falta de otorgamiento de garantías policiales por parte de dicha autoridad.
En tanto, representantes de la administración legal vigente, responsabilizaron también a las autoridades policiales por el caos que se vive actualmente en la empresa, a causa de la demora excesiva en brindar las garantías respectivas; y anunciaron asimismo, que con la finalidad de evitar que la prolongada demora de las autoridades policiales continúe perjudicando el pago de las remuneraciones de los más de 2,300 trabajadores de la empresa, han asumido el compromiso de pagar los salarios adeudados por la anterior gestión dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que la Policía brinde las garantías necesarias para su instalación, lo que fue muy bien recibido por los mortificados trabajadores impagos.
