En el Día Nacional dedicado a abordar esta problemática, CHS Alternativo destaca la necesidad de acciones inmediatas que el Estado debe emprender
El ingreso de peligrosas bandas criminales, como el Tren de Aragua, junto con el abuso de las redes sociales y la inteligencia artificial para identificar posibles víctimas, entre otros elementos, ha propiciado que la trata de personas se erija como la segunda economía ilícita más rentable en el Perú, generando un flujo anual de más de 1,300 millones de dólares.
En respuesta a esta situación, y en el contexto del Día Nacional contra la Trata de Personas, conmemorado el 23 de setiembre, la organización CHS Alternativo enfatizó en tres medidas inmediatas que el Estado peruano debe llevar a cabo para combatir este crimen.
Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, destacó que a pesar de que la ley lo exige desde el año 2017, el Ejecutivo no ha cumplido con la obligación de informar a la ciudadanía sobre los avances en la lucha contra la trata de personas.
Aguilar especificó que la Ley 29918, promulgada en el 2012, establece en su artículo 3 que cada año, durante el mes de setiembre, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior en funciones deben comparecer ante el Congreso de la República para detallar las acciones que han implementado en la lucha contra la trata de personas en el país, así como los resultados obtenidos.
“Lo primero que se debe realizar para solucionar el fenómeno de la trata es rendir cuentas, se necesita saber qué ha hecho estos años el Estado y cómo ha avanzado en la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas. Por tanto, es imprescindible que el presidente del Congreso convoque a las autoridades en el más breve plazo”, añadió.
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Escaso presupuesto
Según el estudio «Las Economías criminales y su impacto en el Perú», se estima que en el país, los grupos delictivos obtienen 28,875 soles al año por cada víctima de trata de personas. Esta cifra contrasta fuertemente con los 0.12 céntimos de sol invertidos por el Estado peruano anualmente para rescatar y brindar atención a las personas afectadas por este delito.
En este sentido, Aguilar añadió que una segunda medida crucial es incrementar el presupuesto público asignado a la lucha contra la trata de personas. Esto cobra especial relevancia dado que este delito tiene un impacto significativo en la economía del país.
“A través de la taxonomía del gasto, que es la medición de cuánto se necesita para ejecutar los programas y servicios vinculados, por ejemplo, a la lucha contra la trata, se estimó que el Estado debía invertir 1,150 millones de soles, aproximadamente, en el 2022. Sin embargo, ese año solo se reportó haber ejecutado 5.2 millones de soles”, complementó.
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