En empresa de transportes
La crisis postelectoral de las elecciones generales de 2026 sumó un nuevo episodio que vuelve a golpear la confianza ciudadana en el sistema electoral peruano. El Ministerio Público informó la apertura de una investigación preliminar de 60 días tras el hallazgo de cuatro cajas con material oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en una empresa de transportes del distrito de Alexander Von Humboldt, región Ucayali.
El caso adquiere especial relevancia porque ocurre pocos días después de otro incidente similar registrado en el distrito limeño de Surquillo, donde fueron encontradas cuatro cajas lacradas de la ONPE en un tacho de basura. Aquel material contenía cédulas de votación, sobres firmados y documentación vinculada a mesas electorales de Santiago de Surco, lo que ya había generado cuestionamientos sobre la cadena de custodia y el manejo del material sobrante del proceso electoral.
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De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, la intervención en Ucayali estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Percy Panduro Rengifo. Durante las diligencias se verificó que las cajas contenían cédulas de sufragio, actas electorales y padrones correspondientes al distrito de Curimaná. Todo ello se encontraba fuera del resguardo legal y en un local privado, situación considerada irregular tratándose de documentación sensible vinculada al voto ciudadano.
Según indicó el periodista Roberto Alván, “El hallazgo de 79 cédulas firmadas, pero sin marcar dentro de una oficina de la empresa ETFEBASAC no solo constituye una irregularidad; es prueba de que la cadena de custodia se rompió por completo. Lo que debía seguir un circuito oficial de resguardo y destrucción terminó olvidado o desviado hacia un establecimiento de transporte privado en la carretera Federico Basadre”.
La Fiscalía Provincial Mixta de Irazola abrió diligencias preliminares por los presuntos delitos de atentado contra el derecho de sufragio y omisión de actos funcionales. Además, otorgó 40 días a la comisaría local para ejecutar acciones urgentes, tomar declaraciones y recopilar información que permita identificar responsabilidades.
También se solicitó a la ODPE Coronel Portillo que detalle el procedimiento aplicado para el traslado de los llamados “restos electorales”, así como las personas encargadas de su custodia y destino final. La investigación deberá determinar si se trató de una negligencia operativa, incumplimiento de funciones o un hecho de mayor gravedad.
