Legisladora Flor Pablo presentó solicitud a fin de conocer los motivos por los cuales dichas autoridades autorizaron la diligencia
Inaudito. Luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojara a los manifestantes que habían tomado el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la congresista Flor Pablo presentó una moción para citar al parlamento al ministro del Interior, Vicente Romero, y a la rectora de esa casa de estudios, Jeri Ramón, para que den explicaciones sobre dicha diligencia.
Según argumentó la legisladora, durante el operativo policial se habrían vulnerado derechos fundamentales y se habría hecho un uso desmedido de la fuerza.
«En dicha intervención se habría utilizado un uso desmedido de la fuerza y sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, incluso se impidió el ingreso de abogados voluntarios que buscaban proteger los derechos de los intervenidos», se lee en la Moción de Orden del Día presentada por la parlamentaria.
“Lo ocurrido hoy en San Marcos es inaceptable. Sin presencia de la Fiscalía del Perú, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de DDHH como delincuentes, tirados en el piso y golpeados, es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la UNMSM deben dar explicaciones”, denunció Pablo en sus redes sociales.
También anunció que presentó una moción contra el premier Alberto Otárola.
Como se recuerda, el recinto universitario permanecía tomado desde el pasado martes 17 de enero cuando grupos de manifestantes provenientes de diversas partes del país llegaron en buses a la capital para exigir la renuncia de la presidente Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones generales, el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente.
Tres días después, la propia casa de estudios denunció que los protestantes agredieron a los trabajadores de seguridad, les robaron sus pertenencias y los expulsaron arbitrariamente fuera del campus.
Durante el operativo, las fuerzas del orden detuvieron a más de 200 personas, tres de ellas, según la propia Fiscalía, vinculadas presuntamente con el terrorismo.
Tras las diligencias, grupos de izquierda e izquierda radical, y hasta el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunciaron al respecto en un intento por deslegitimar el accionar policial.
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