El acuerdo de indemnización es un paso hacia la justicia
La ciudad de Uvalde, Texas, ha acordado indemnizar con dos millones de dólares a las familias de las víctimas del trágico tiroteo en Robb Elementary School, que el 24 de mayo de 2022 dejó 19 niños y dos profesoras muertas. Este acuerdo se alcanza casi dos años después de la masacre perpetrada por Salvador Ramos, un joven de 18 años que irrumpió en la escuela armado con un rifle de asalto AR-15. Este evento horrorizó a la nación y provocó una profunda indignación por la tardía respuesta de las fuerzas de seguridad.
El día del ataque, un total de 25 agentes locales de Uvalde y más de 300 oficiales de otras partes de Texas respondieron a la emergencia. Sin embargo, Ramos pudo atrincherarse en una de las aulas y continuar su letal ataque durante 77 minutos antes de ser abatido por un equipo táctico. La lenta reacción de la policía ha sido objeto de severas críticas y es el centro de varias demandas. Verónica Luévanos, madre de Jailah y tía de Jayce, ambas víctimas del tiroteo, expresó su dolor: «Durante dos largos años nos hemos retorcido de dolor sin ningún tipo de respuesta de las fuerzas de seguridad y los oficiales que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día».
John Koskoff, abogado de las familias, ha indicado que están cerca de alcanzar otro acuerdo por dos millones de dólares con el condado de Uvalde. A pesar de estos avances, las 19 familias afectadas han iniciado una nueva demanda contra 92 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, argumentando que su respuesta fue «un acto de heroicidad que llegó 77 minutos demasiado tarde». Este esfuerzo legal busca rendir cuentas a aquellos responsables de la inadecuada respuesta a la emergencia.
La alcaldía de Uvalde emitió un comunicado en el que expresó su satisfacción con el acuerdo alcanzado: «Hoy estamos agradecidos de poder unirnos a las familias de las víctimas al alcanzar un acuerdo que nos permitirá recordar la tragedia de la escuela Robb Elementary mientras seguimos adelante juntos como comunidad». La administración local también reconoció que una compensación mayor podría haber llevado a la bancarrota a la pequeña localidad.
También puedes leer:
Formalización de minería fortalecerá lucha contra la inseguridad ciudadana
Inicialmente, la policía local intentó justificar su demora señalando que habían hecho todo lo posible para evitar la tragedia. Sin embargo, testimonios de testigos y padres presentes en el lugar, como Daniel y Matilde Myers, contradicen esta versión. Javier Cazares, quien perdió a su hija en el ataque, intentó organizar a otros padres para intervenir directamente debido a la inacción de la policía.
Salvador Ramos llegó al colegio alrededor de las 11:28 de la mañana, estrellando el coche de su abuela en una zanja cercana antes de entrar al recinto escolar sin resistencia. Durante los primeros minutos del ataque, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas. Las investigaciones posteriores confirmaron que la respuesta policial fue inadecuada y tardía.
Además de las demandas contra la policía, los padres y familiares de las víctimas también han emprendido acciones legales contra Daniel Defense, la empresa que fabricó el rifle AR-15 utilizado por Ramos. Esta acción busca responsabilizar a la industria armamentista por su papel en facilitar el acceso a armas de alta letalidad.
El acuerdo de indemnización es un paso hacia la justicia para las familias afectadas, aunque no puede revertir la devastación causada por el tiroteo. La comunidad de Uvalde sigue lidiando con las consecuencias de la tragedia, buscando respuestas y reformas que eviten futuros incidentes similares. Este caso subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad y la actuación policial en situaciones de crisis.
