Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez solicitaron ejercer su propia defensa en la investigación que afrontan por las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sin embargo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos rechazó el pedido, debido que detrás de ello había intensión de amenazar y presionar a los denunciantes, entre ellos el colaborador eficaz Jaime Villanueva.
A los fiscales se le imputa los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal, en la indagación preliminar en la que también está comprendido el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros.
En la resolución, dicha instancia del Ministerio Público señaló que el derecho a la autodefensa no es absoluto y se busca evitar que se trate de “influenciar, presionar e intimidar” al momento de recibir las declaraciones de los testigos y otros, y podría surgir “incompatibilidad”.
Por ello, se determinó requerir a ambos fiscales designar a un abogado defensor particular en un plazo de dos días de haber sido notificados, a fin de que participen en las diligencias del caso y garanticen su derecho a la defensa.
De no ser el caso, se precisa que el Estado les proporcionará un abogado defensor público, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Código Procesal Penal.
“La limitación del derecho a la autodefensa antes esgrimida, no le quita a los investigados participar activamente en los demás actos de investigación que no vulnere algún principio del debido proceso”, subraya.
Además, la fiscalía suprema declaró no haber lugar a la solicitud de Pérez Gómez para acceder a copias digitalizadas de todos los actuados en la carpeta fiscal, pues no ha presentado la respectiva tasa correspondiente.
La fiscalía indaga si Rafael Vela y José Domingo Pérez entregaron a Gorriti información reservada de procesos penales a cambio de apoyo mediático y otras supuestas gestiones irregulares. El plazo para realizar las diligencias preliminares será de ocho meses.
El fiscal supremo Alcides Chinchay inició una investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como contra el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, por presunta participación en los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal.
El Ministerio Público está investigando si los fiscales entregaron información confidencial de procesos penales al periodista a cambio de apoyo mediático y otras gestiones, como supuestamente interceder ante la Fiscalía de la Nación para que Vela permanezca en el cargo de coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
Según el testimonio de Jaime Villanueva, Vela le confesó que proporcionó a Gorriti “toda la información para cercar a (el expresidente Alan) García” en 2018, cuando el exmandatario regresó al Perú para ser interrogado en relación con el Caso Odebrecht.
Además, confesó que mientras García se dirigía al despacho de Pérez, el portal IDL Reporteros publicó un reportaje con los recibos de los pagos que Odebrecht le dio por conferencias, presuntamente con el objetivo de ejercer presión mediática para que el Poder Judicial le imponga impedimento de salida del país.
