Alcalde de San Isidro autorizó contrato por s/ 48 millones pese a advertencia de fraude
Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, detuvieron preliminarmente al alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, así como a otros siete funcionarios del municipio distrital, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
Durante la madrugada, las autoridades allanaron la casa del alcalde de San Isidro, ubicada en la calle 3, del citado distrito. Policías llegaron alrededor de las 2:30 a.m. al domicilio del burgomaestre y tocaron la puerta. El propio alcalde abrió la puerta a las autoridades, que procedieron a ingresar al predio.
La diligencia se realizó debido a una presunta licitación irregular que involucraría el servicio de áreas verdes para los próximos meses y que, se presume, afectaría a la nueva gestión municipal.
Aparte de la casa del alcalde Augusto Cáceres Viñas, también se allanaron las viviendas de otros funcionarios, así como las oficinas del municipio distrital.
“La diligencia incluyó el allanamiento de 14 inmuebles vinculados a los funcionarios intervenidos, así como las empresas que habrían participado del presunto direccionamiento de un contrato de servicio público”, detalló el Ministerio Público.
El general PNP Fredy López Mendoza, director de la Dircocor, detalló que, en la operación, se han allanado 14 inmuebles, entre las que están las casas de los siete intervenidos. Además, se han allanado cuatro oficinas de la Municipalidad de San Isidro, así como los locales de las empresas involucradas en la presunta licitación irregular.
CÓMPLICES
Según la resolución de la jueza Ingrid Estacio Soria, el viernes 30 de julio de 2021 un grupo de funcionarios sanisidrinos sostuvieron una reunión para validar la adjudicación del contrato, a pesar de que los integrantes del comité a cargo solicitaron que se declare nulo y que la Contraloría advirtió que contenía serias deficiencias.
En la mencionada reunión, el alcalde Cáceres y los funcionarios Nancy Nipaytán Delgado (gerente municipal), Cecilia Loayza Pinedo (gerente de Desarrollo Ambiental), Manuel Enríquez Anaya (gerente de Ética e Integridad), Mariela Hidalgo Carrera (gerente de Administración y Finanzas), Esther Baylón Salvador (subgerente de Logística) y Etni Flores Barriga (subgerente de Gestión Ambiental) aprobaron la continuación del proceso de contratación del Consorcio San Isidro Ecológico.
Por esta razón, la jueza Ingrid Estacio mandó arrestar a estos siete implicados, más el representante del consorcio, Eliab Lozano Mozombite.
Hoy fueron detenidos todos, excepto Cecilia Loayza, quien se encuentra en condición de no habida.
Así, 72 horas después del encuentro con el alcalde, la gerente de Administración y Finanzas Mariela Hidalgo firmó el contrato con el Consorcio San Isidro Verde, el 3 de agosto de 2021.
CONCERTACIÓN
Los denunciados concertaron voluntades para favorecer al contratista, y dejaron de lado las observaciones de Control Interno del propio municipio sanisidrino, en lugar de cumplir con sus obligaciones de transparencia en el uso de los recursos público; de acuerdo con la investigación del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal Luis Medina Rodrigo.
“La investigada (Nancy) Ninapaitán Delgado, en su condición de gerente municipal, se habría encontrado ‘ansiosa’ para lograr materializar la firma del contrato (con el Consorcio San Isidro Verde), cuya buena pro se había solicitado anular. Es así que, tres días antes de la suscripción del contrato, se llevó a cabo una reunión de la alta dirección”, se describe en la resolución judicial.
PAGOS ILEGALES
“Sin embargo, dicha preocupación habría estado motivada —en realidad— por una suma de dinero que le habría entregado el investigado Félix Aznarán Infantes, en su condición de asesor ‘en la sombra’ del Consorcio San Isidro Verde, con quien además habría tenido vinculación anteriormente, así como la investigada (Cecilia) Loayza Pinedo, por cuanto todos laboraron en la Municipalidad Distrital de San Borja”.
En efecto, Félix Aznarán fue gerente municipal y Cecilia Loayza ejerció como gerente de medio ambiente del municipio sanborjino.
El fiscal del caso, Luis Medina Rodrigo, presume que el alcalde Gustavo Cáceres tuvo conocimiento de los pagos ilegales.
“Bajo la misma presunta motivación espuria, es decir, por la existencia y/o entrega de una suma de por medio, el investigado (Gustavo) Cáceres Viñas habría solicitado que se lleve a cabo la suscripción del contrato con el Consorcio San Isidro Verde”, se precisa en la resolución judicial.
