Institución nacional exige a todas los organismos competentes a investigar y sancionar a responsables de todas las muertes producidas en las últimas horas en Juliaca
En relación con los trágicos hechos ocurridos ayer y hoy en la ciudad de Juliaca (Puno), la Defensoría del Pueblo como organismo defensor de los derechos humanos, señala lo siguiente:
- Expresamos nuestro profundo pesar y condenamos el fallecimiento de 17 civiles y un efectivo policial, en el contexto de las protestas ciudadanas, y extendemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de las víctimas.
- Hoy, el efectivo policial S2 PNP José Luis Soncco Quispe ha perdido la vida al ser calcinado, mientras hacía patrullaje. Lamentamos este condenable hecho, perpetuado con un nivel de violencia extrema al haber sido presuntamente torturado antes de dejar de existir.
- Lamentamos el incendido generado en un inmueble de propiedad de los familiares del congresista Jorge Flores Ancachi, que puso en riesgo la vida de sus padres e hija.
- Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetuado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas.
- Invocamos al Ministerio Público, como encargado de la acción penal, y al Poder Judicial administrar justicia, ajustándose a las exigencias derivadas de la obligación de debida diligencia que corresponde en estos casos, respetando la institucionalidad y separación de poderes. Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo.
- Reiteramos que el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica. La afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento y constituyen delito.
- Recordamos que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, respondiendo a los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, para evitar incurrir en responsabilidades.
- Hacemos un llamado de paz a la ciudadanía y a todas las entidades del Estado.
El Gobierno central y el Congreso de la República deben reafirmar su compromiso para encontrar salidas realistas y pacíficas a esta crisis en un plazo razonable.
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