Magistrada continuará liderando la lucha contra la corrupción en el gobierno
Tras aproximadamente dos semanas de ser destituida de manera irregular a las normativas por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal provincial Marita Barreto ha regresado a su función como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Antes de concluir su interinato como titular del Ministerio Público, el fiscal supremo Pablo Sánchez respaldó la reincorporación de Barreto a dicho cargo.
El documento señala que Barreto abandona su posición en la Fiscalía de Derechos Humanos, a la cual fue asignada después de ser apartada por Benavides. Ahora regresa a su posición original de la cual fue apartada en la madrugada del 27 de noviembre pasado.
Antes de que se anunciara la reposición de Barreto, la Fiscalía comunicó que, a raíz de la renuncia del fiscal supremo Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena fue nombrado como el nuevo fiscal de la Nación interino.
Sánchez había asumido temporalmente ese cargo después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Benavides, quien estaba siendo investigada por la detención de su exasesor.
Este último era acusado de actuar como intermediario para intercambiar favores con congresistas, ofreciéndoles información confidencial a cambio de votos destinados a destituir a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y elegir al defensor del Pueblo.
También puedes leer:
Congresistas recibirán S/43 mil este mes, con aguinaldo navideño de S/17,000
La Fiscalía informó también sobre el regreso de la fiscal Delia Espinoza a la Junta de Fiscales Supremos desde el JNJ, fortaleciendo así esta instancia.
Por otro lado, ayer la fiscal Benavides compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, reafirmando sus críticas hacia el Gobierno y la fiscal Marita Barreto.
Afirmó que su suspensión de seis meses por parte de la JNJ fue resultado de «un complot político para tomar el Ministerio Público». Además, destacó que esto ocurrió justo cuando estaba a punto de presentar su denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.