En clara intromisión «ordena» detener ley que pone fin a persecución contra FF.AA. y PNP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que se suspenda “inmediatamente” el trámite del proyecto de ley que está avanzando en el Congreso de la República y que busca limitar los alcances de los delitos de lesa humanidad para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002, con el objetivo de evitar la persecución y hacer justicia con los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que enfrentaron al terrorismo.
La corte señala que esta suspensión debe aplicarse hasta que cuenten con todos los elementos para pronunciarse sobre las medidas provisionales y el impacto que tendrá esta norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta que fueron resueltos por este fuero internacional.
El documento precisa que las medidas buscan “garantizar el derecho al acceso a la justicia de los deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Específicamente, la Corte IDH requiere al Perú que “suspenda inmediatamente” el trámite del dictamen del proyecto de ley 6951/2023/CR que busca precisar la “aplicación y alcances del delio de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”.
Puedes leer:
La corte señala que esta suspensión debe aplicarse hasta que cuenten con todos los elementos para pronunciarse sobre las medidas provisionales y el impacto que tendrá esta norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta que fueron resueltos por este fuero internacional.
Asimismo, se procedió a convocar al Estado peruano, así como a los representantes de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública virtual para el lunes 17 de junio del 2024 las 8:30 a.m. hora de Costa Rica.
El pleno del Congreso de la República aprobó, luego de un intenso debate, el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana para hechos ocurridos antes de 2002.
Este proyecto busca hacer justicia con militares y policías que fueron perseguidos por ONG por derrotar al terrorismo en los años 1980 y 1990.
Esta nueva disposición precisa que el Estatuto de Roma, que rige sobre crímenes de lesa humanidad, entró en vigor en Perú el 1 de julio de 2002, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003.
Según el texto aprobado, “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002“.
