El INPE llevó a cabo una operación para remover antenas de WiFi cerca de los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una operación para desmantelar antenas de wifi en áreas cercanas a los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro. Esta acción se enmarca en la declaración de Estado de Emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, como medida contra la delincuencia y la criminalidad organizada.
Durante el operativo estuvieron presentes el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Javier Llaque. El Ministro Arana declaró: «Hemos coordinado un amplio operativo. En colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional, intervenimos todos los inmuebles donde se encontraban las antenas y dispositivos de repetición de wifi».
El titular del Ministerio de Justicia mencionó que esta acción está en línea con las directrices de la presidenta Dina Boluarte en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, subrayó: «Tengan la certeza de que el Estado y el Gobierno están firmemente comprometidos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con el propósito de reforzar las medidas de seguridad en los penales».
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El director del INPE explicó que esta medida tiene como objetivo evitar la recepción de una señal reforzada en los penales, permitiendo así un funcionamiento adecuado de los bloqueadores en los establecimientos penitenciarios.
En la planificación de la operación se compartió información de inteligencia entre el INPE, el Ministerio del Interior y expertos de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP).
Esto se debió a la detección de que los internos estaban utilizando la señal de wifi desde el exterior de los penales para comunicarse y señalar posibles lugares emisores de dichas señales.
La Operación Cumple con la Legalidad
La implementación de esta acción se ajusta a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1229, que prohíbe actividades comerciales de vivienda o desarrollo urbano en un radio de 200 metros desde el perímetro de los establecimientos penitenciarios. Además, ninguna empresa de telecomunicaciones tiene permitido instalar antenas de telefonía móvil o satelital en esta zona.
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