La vicepresidenta se pronunció luego que la Contraloría indicara que habría cometido una infracción constitucional
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el informe que emitió la Contraloría General de la República, donde señala que habría cometido una presunta infracción constitucional por haber realizado labores en la Asociación Departamental Club Apurímac mientras era ministra.
A través de redes sociales, la ministra lanzó un breve comunicado, alegando que “no percibió remuneración alguna” y que solicitó licencia en ambas instituciones “antes de asumir las funciones públicas“, por lo que consideró que “no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos”.
“…Solicité licencia en ambas instituciones, antes de asumir las funciones públicas que ejerzo de vicepresidenta y ministra de Estado las que fueron concedidas por ambas instituciones oportunamente. Por lo que no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos“, señaló.
Asimismo, Boluarte, también mencionó en su comunicado que lamenta que a propósito de su ausencia en el país, representando al Perú en el Foro Económico Mundial, “se estén levantando argumentos sin fundamento legal alguno”.
Informe de la Contraloría
Según la Contraloría, Dina Boluarte intervino en la gestión de la Asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo, mientras se desempeñaba como ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social.
Presunta Infracción del artículo 126
De acuerdo al Artículo N° 126 de la Constitución Política del Perú, señala que:
“Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Si se confirma la infracción al artículo 126° de Dina Boluarte, deberá someterse a una acusación constitucional en el Congreso que puede terminar con su destitución del cargo de ministra pero no necesariamente de vicepresidenta.
