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    Ejecutivo aprueba políticas multisectoriales para promover derechos de personas con discapacidad y personas adultas mayores

    Diseño de estas políticas se realizó de forma participativa con los aportes de entidades del Estado y sociedad civil organizada.

    El Poder Ejecutivo promulgó la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 y Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 a través de la publicación de los D.S 006-2021-MIMP y D.S 007-202-MIMP en el Diario Oficial el Peruano, respectivamente.

    Estas normativas tienen como objetivo mejorar la atención de las necesidades de ambos grupos poblacionales así como fortalecer el ejercicio de sus derechos en acción conjunta entre todos los niveles del Estado, sector privado y sociedad civil.

    La política referida a las personas adultas mayores (PAM) establece cinco objetivos prioritarios referidos a su derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación; envejecimiento saludable; prestaciones contributivas y no contributivas; su acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas y su participación social, productiva y política.

    Por su parte, la normativa referida al desarrollo de las personas con discapacidad comprende 7 objetivos prioritarios sobre el fortalecimiento de su participación política y social, en actividades económicas dependientes e independientes, acceso y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollo de competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades, promoción de actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad y fortalecimiento de la gestión pública en materia de discapacidad.

    Cabe destacar que el diseño de estas políticas fue desarrollado de forma participativa con presentantes del Estado (Poder Ejecutivo, Gobiernos regionales y locales), la sociedad civil y los actores directos (personas adultas mayores y personas con discapacidad) representados a través de sus organizaciones.

    Diseño de estas políticas se realizó de forma participativa con los aportes de entidades del Estado y sociedad civil organizada.

    El Poder Ejecutivo promulgó la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 y Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 a través de la publicación de los D.S 006-2021-MIMP y D.S 007-202-MIMP en el Diario Oficial el Peruano, respectivamente.

    Estas normativas tienen como objetivo mejorar la atención de las necesidades de ambos grupos poblacionales así como fortalecer el ejercicio de sus derechos en acción conjunta entre todos los niveles del Estado, sector privado y sociedad civil.

    La política referida a las personas adultas mayores (PAM) establece cinco objetivos prioritarios referidos a su derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación; envejecimiento saludable; prestaciones contributivas y no contributivas; su acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas y su participación social, productiva y política.

    Por su parte, la normativa referida al desarrollo de las personas con discapacidad comprende 7 objetivos prioritarios sobre el fortalecimiento de su participación política y social, en actividades económicas dependientes e independientes, acceso y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollo de competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades, promoción de actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad y fortalecimiento de la gestión pública en materia de discapacidad.

    Cabe destacar que el diseño de estas políticas fue desarrollado de forma participativa con presentantes del Estado (Poder Ejecutivo, Gobiernos regionales y locales), la sociedad civil y los actores directos (personas adultas mayores y personas con discapacidad) representados a través de sus organizaciones.

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