Ernest Johnson tenía la capacidad mental de un niño y había sufrido la extirpación de una quinta parte de su tejido cerebral
BBC.COM/MUNDO
El estadounidense, Ernst Lee Johhnson, fue ejecutado en Misuri (EE.UU.) a pesar de las peticiones de clemencia de sus defensores, quienes alegaron que tenía una discapacidad intelectual o más claramente hablando la capacidad mental de un niño.
El condenado a muerte por haber dado muerte a tres trabajadores de una tienda en un robo en 1994, recibió una inyección letal el pasado martes 5 de octubre, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a considerar una suspensión de la ejecución.
Las súplicas de clemencia del hombre de 61 años habían recibido el apoyo del papa Francisco y de dos miembros del Congreso estadounidense.
Los abogados de Johnson argumentaron que no era elegible para la pena de muerte porque múltiples pruebas de coeficiente intelectual demostraron que tenía la capacidad mental de un niño y todavía leía a un nivel de tercer grado.
Johnson nació con síndrome de alcoholismo fetal después de que su madre bebiera mucho durante su embarazo.
También le faltaba una quinta parte de su tejido cerebral desde 2008 después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor cerebral.
Octava Enmienda
Sus abogados alegaron un fallo de la Corte Suprema de 2002 que afirmaba que el uso de la pena de muerte contra estadounidenses con discapacidad intelectual viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los «castigos crueles e inusuales».
Sin embargo, la Corte Suprema de Misuri negó a Johnson una suspensión de la ejecución el año pasado y se negó a retomar su caso. El gobernador republicano del estado también se había negado a bloquear la ejecución de la sentencia.
Funcionarios electos, activistas por la justicia racial y líderes religiosos se unieron a los esfuerzos para salvar la vida de Johnson.
Un representante del Papa Francisco, quien cambió la enseñanza de la iglesia en oposición a la pena capital en 2018, escribió la semana pasada al gobernador de Misuri que deseaba «presentarles el simple hecho de la humanidad del señor Johnson y el carácter sagrado de toda la vida humana».
Pero el lunes, el gobernador Mike Parson anunció que el estado «impartirá justicia y ejecutará la sentencia legal que recibió Johnson de acuerdo con la orden de la Corte Suprema de Misuri».
Inyección letal
Al escribir en apoyo de la ejecución, el fiscal general de Misuri Eric Schmitt dijo que los hechos de las acciones de Johnson «reflejan claramente la capacidad del delincuente para planificar, diseñar estrategias, calcular y planear con eficacia».
El propio Johnson había pedido ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, pero la Corte Suprema de Misuri denegó su solicitud y, en cambio, fue ejecutado mediante inyección letal.
En una declaración escrita a mano antes de su muerte, Johnson se disculpó por sus crímenes y agradeció a su familia, amigos y abogados por su apoyo.
Es el primer recluso ejecutado en Misuri desde mayo de 2020 y el séptimo ejecutado en Estados Unidos este año, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Ranking de países
En 2019, 56 países mantenían en sus legislación la pena de muerte, pero de ellos un total de 28 países llevan al menos una década sin llevar a cabo ejecuciones.9
En el año 2020, según el informe anual de Amnistía Internacional el ranking de ejecuciones continuaba encabezado por China, como en años anteriores, si bien el secreto de estado hacía imposible saber el número de condenas, seguida de Irán con 246 ejecuciones registradas, Egipto con 107, Irak con un mínimo de 45, Arabia con 27 y Estados Unidos (EE. UU.) con 17 ejecuciones.
Seguirían Somalia, Yemen, India y Omán, si bien en otros países tampoco habría sido posible obtener datos mínimamente fiables.
La cifra total de condenas a muerte durante el año 2020 fue el menos de 1.477, entre las que se habrían podido confirmar 483 ejecuciones, 16 de ellas mujeres, un 26% menos que el año anterior, si bien la situación de pandemia podría haber influido en la demora de los procedimientos judiciales
Inocentes condenados
Uno de los casos más famosos de injusticia en la aplicación de la pena de muerte en Virginia es el de Earl Washington, un hombre afroestadounidense con discapacidad intelectual grave que fue acusado de violar y matar a una mujer en 1982 y fue condenado a muerte en 1984.
Sus abogados consiguieron suspender la ejecución pocos días antes de la fecha prevista, en 1985. Investigaciones posteriores revelaron que la discapacidad de Washington hizo que confesase el crimen, del cual era inocente, al ser coaccionado por la policía.
Esta conclusión fue confirmada por pruebas de ADN, que exoneraron a Washington. No fue puesto en libertad hasta el año 2000.
Si bien Washington fue el único preso en el corredor de la muerte en Virginia que fue puesto en libertad tras probarse su inocencia, hay otros casos notorios de injusticia y disparidades raciales a lo largo de la historia de esta práctica en el estado.
Punta del iceberg
«Sabemos que [Washington] es solo la punta del iceberg», resalta Ndulue.
Uno de esos casos fue bautizado como «Los 7 de Martinsville», en referencia a siete hombres negros ejecutados en el estado en 1951 después de haber sido acusados de participar en la violación de una mujer blanca.
En la época en que fueron detenidos se los interrogó para que confesaran el crimen sin la presencia de abogados y bajo la amenaza de que serían entregados a una multitud para ser linchados.
A pesar de que no había pruebas que los vinculara al crimen, fueron condenados rápidamente por un jurado compuesto solo por hombres blancos.
Caída gradual
En los últimos años, el número de ejecuciones fue bajando. La sentencia no se impone en Virginia desde 2011 y las últimas ejecuciones en el estado ocurrieron en 2017.
El mes pasado, Corey Johnson fue ejecutado en Virginia, pero su pena no la aplicó el estado sino el gobierno federal.
En Estados Unidos, las ejecuciones federales se reservan para determinados tipos de delitos, que son juzgados en tribunales federales. Son independientes de las ejecuciones estatales, que se aplican para crímenes juzgados por tribunales estatales en los estados que permiten la práctica.
El año pasado, el entonces presidente Donald Trump decidió acelerar las ejecuciones federales, que no ocurrían desde 2003. En la recta final de su gobierno, 13 presos fueron ejecutados por el gobierno federal.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió en campaña acabar con la pena de muerte federal.
