Su defensa evalúa exigir antejuicio pero expertos aclaran que no procede
El ex primer ministro César Villanueva enfrentaría un próximo pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, la próxima semana, según fuentes cercanas al caso. La defensa del ex alto funcionario del Gobierno evalúa reclamar el antejuicio político, que solo podría resolver el próximo Congreso, luego de la elección en enero. Sin embargo, especialistas coinciden en que, en este caso, no corresponde este beneficio.
Para ministros y congresistas, entre otros altos funcionarios públicos, debe aplicarse un antejuicio político en el Congreso “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones” hasta cinco años después de que dejar el cargo, según establece la Constitución Política de nuestro país. Solo con la aprobación del Parlamento, el Poder Judicial puede procesarlos.
Sin embargo, una prisión preventiva puede aplicarse en la fase preliminar de una investigación de la Fiscalía, es decir, antes de que un fiscal denuncie por determinado delito a su investigado ante el Poder Judicial.
Villanueva es investigado por el Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato por un presunto soborno de la brasilera Odebrecht por la construcción de la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín. El proyecto se adjudicó en el 2008. A esto se suma otra indagación por supuesto tráfico de influencias con registros recientes de reuniones y coordinaciones de Villanueva con fiscales que apuntaban a infiltrar el Equipo Especial del Ministerio Público.
“No le corresponde el antejuicio. Más allá de que el tráfico de influencias se haya iniciado antes del cierre del Congreso, el antejuicio solo se aplica por delitos de función, es decir, vinculados al ejercicio del cargo. Acá, el tráfico de influencias que hace no tiene nada que ver con su cargo”, explica el abogado penalista Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
