En San Martín, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental constató la tala de árboles en los bosques de la cordillera Escalera
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Martín encontró evidencia de la destrucción de 1.2 hectáreas de árboles en el bosque primario del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera ACR-CE, poco antes de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales.
Los guardaparques Jorge Luis Vela Saavedra, César Andrés Navarro García y Gerver Vela Ruiz se unieron al fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, junto con personal de la Autoridad Regional Ambiental y la Policía Ecológica, para verificar la deforestación ilegal.
El equipo constató que los árboles del bosque primario fueron cortados ilegalmente en las áreas conocidas como Unión de Sarinarca, Uruhuasha y Moronopampa, ubicadas dentro del distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín.
El fiscal constató que en la zona de Unión de Sarinarca se taló medio hectárea de árboles de especies comerciales como mohena, catahua y ojé, además de otras variedades, en una extensión de 20 metros de largo.
En Uruhuasha, se evidenció la deforestación de media hectárea de cobertura forestal que incluía especies como ojé, paliperro, shimbillo y rifari, donde también se encontró un cultivo de maíz que se estableció aproximadamente hace tres meses.
Wilmer Carranza Díaz y Jhony Cleiser López Tenazoa argumentaron que realizaron la deforestación para cultivar otras especies vegetales. Además, afirmaron que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, conocida como «Ley Antiforestal», les respalda y les otorga autorización para intervenir en estas zonas protegidas.
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«Estas acciones se consideran como un delito debido a que la deforestación en áreas de conservación regional está prohibida, a pesar de las afirmaciones de los infractores sobre la Ley Forestal aprobada por el Congreso de la República, que según ellos les otorga la facultad de intervenir en áreas protegidas», declaró Queny Pinedo Pezo, jefe de la ACR Cordillera Escalera. «Están interpretando incorrectamente la ley, por lo que estamos procediendo con las acciones correspondientes», añadió.
Según la Sociedad Peruana de Manejo Ambiental, la Ley 31973 representa un paso atrás en la lucha contra la deforestación, ya que podría legalizar actividades agrarias sin el respaldo técnico adecuado.
Además, la aprobación de esta normativa ha afectado los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales al no haber sido consultados adecuadamente. En esta zona, habitan diversas especies como monos, añujes, sajinos, tortugas, taricayas, entre otras, que actualmente viven en su hábitat natural.
La cordillera Escalera abastece de agua a alrededor de 300,000 personas que residen en las ciudades de Tarapoto, Lamas, Chazuta, Pongo de Caynarachi, Barranquita, San Roque, San Pedro, así como a varias comunidades nativas.
Además, la cordillera Escalera es crucial para la subsistencia de poblaciones rurales y comunidades nativas, así como para diversas actividades económicas como la agricultura de arroz, la piscicultura, la ganadería, además de su valor escénico y su importancia para la investigación.
