Propone norma que establezca destitución de fiscales y jueces que dejen en libertad a bandas criminales.
En diálogo con La Razón el ex presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, exhortó al Gobierno a tomar medidas urgentes para evitar que en nuestro país se repita el estallido de violencia ocurrido en Ecuador.
Gonzales Posada también demandó al Congreso una ley para proteger a policías que hieran o maten hampones y otra norma que establezca la destitución de fiscales y jueces que dejen en libertad a bandas criminales, como ocurrió con 30 detenidos de la banda del tren de Aragua.
– ¿Cómo evalúa los sucesos ecuatorianos?
– Ecuador era un volcán en erupción, hasta que estalló, soltando lava, piedras y detritus. El 2023 registraron 7.067 asesinatos, cifra mucho mayor que el Perú, que fue de 1,106. La tasa de homicidios se disparó en cinco años: el 2018 era 5.8 por 100 mil habitantes y el 2023 fue de 44.9.
– Una considerable diferencia con el Perú…
– La diferencia resulta mayor considerando que Ecuador tiene una población de 18 millones y 256 mil kilómetros cuadrados de territorio y nosotros 34 millones y un millón 285 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, padecemos problemas similares.
– Además, en nuestro país hay peores antecedentes de extrema violencia….
– Comenzando con el terrorismo que campeó durante 20 años, asesinando miles de personas y provocando gran destrucción. Luego, los disturbios contra Merino, impulsados por el Partido Morado, Vizcarra y Sagasti. La televisión proyectó turbas organizadas que atacaron a la policía por impedir que ingresen al Congreso, seguramente para saquearlo o quemarlo…
– Pero ninguno ha sido procesado…
– Algo peor. Sagasti responsabilizó a la policía de la muerte de dos prontuariados, Inti y Brayan, sin ninguna prueba. El certificado de necropsia demostró que ambos fallecieron por perdigones de plomo y canicas de vidrio, que no utiliza la policía, lo cual fue verificado por el Ministerio Público en una inspección a sus almacenes. Las turbas también atacaron el domicilio de Merino, de Antero Flores Araoz y Beto Ortiz, pero no pasó nada. Hay encubrimiento político e impunidad.
– La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, denunció a Merino y su gabinete por homicidio culposo…
– El Congreso desestimó la denuncia. Fue un acto de barbarie y perversidad legal que retrata muy bien a esa señora, hoy suspendida del cargo.
– Usted ha pedido que el Congreso investigue esos hechos…
– Sí, no sólo por los actos de violencia comentados sino porque Sagasti pasó al retiro a 18 generales de la PNP para catapultarse políticamente. Fue un acto ilegal e infame. Humilló y difamó a la Policía, destruyó la carrera de muchos oficiales y con ello contribuyó a acrecentar la inseguridad ciudadana. Este 18 de enero la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Justicia de Lima verá el amparo interpuesto por los generales cesados. Esperamos que reparen ese atropello.
– Fue una maniobra política …
– Sin duda. Sagasti Invitó a su juramentación a los padres de Inti y Brayan. El ministro de Cultura, el diplomático Alejandro Neyra organizó una muestra fotográfica en el Lugar de la Memoria en homenaje a las dos víctimas. La muestra se llamó “Generación Bicentenaria” y en su discurso sostuvo que “los dos jóvenes salieron a ejercer su derecho a la protesta pacífica, por sus ideales”. Increíble, ¿no?
– Otro incidente grave sucedió con la caída de Castillo…
– Violencia extrema. Incendiaron locales policiales, de la fiscalía y el Poder Judicial, atacaron aeropuertos y empresas privadas, bloquearon las carreteras cincuenta días, pero acá tampoco pasó nada.
Puedes leer:
– Retornando al tema ecuatoriano, ¿qué provocó la violencia?
– El anuncio del presidente de que construiría dos nuevos penales, uno en la amazonia y otro en la costa del Pacífico y que negociaba comprar tres barcazas a Estados Unidos, Australia e Inglaterra para utilizarlas como cárceles seguras, sin riesgo de fugas, con celulares e internet bloqueados.
– Al estilo Bukele…
– Novoa sostuvo que esas edificaciones estarán a cargo de la misma empresa israelí que construyó el mega penal en El Salvador, lo cual aterrorizó a las bandas criminales. El 7 de enero militares y policías fueron a la cárcel de Guayaquil para trasladar al más peligroso de los criminales, llamado Fito, un capo condenado a 34 años de prisión por homicidio, pero había fugado 12 días antes. Ahí comenzó la crisis…
– ¿Es similar el problema carcelario en el Perú?
– Acá es mucho peor. Los penales son depósitos humanos, insalubres, con alta tasa de hacinamiento. Desde ahí coordinan al exterior los hurtos, secuestros y asesinatos porque ni siquiera se han bloqueado los celulares. En el Callao el cupo es 580 internos, pero viven 3,450; Lurigancho tiene capacidad para 3,204 y alberga 9,195 reos; el espacio en Castro Castro es para 1,142, pero registra 5,262 personas. Hay otros establecimientos que tienen hasta 700% de sobrepoblación.
– ¿Qué se puede hacer de urgencia?
– Construir nuevos establecimientos penitenciarios para 50 mil reclusos. Esa debe ser la misión de la señora Boluarte. Debería pedir apoyo a los gobiernos de Alemania, El Salvador y Estados Unidos y al ILANUD, organismo de Naciones Unidas especializado en prevención del delito y tratamiento del delincuente.
– Pero no solo es un problema carcelario, hay otros sectores que también intervienen.
– Claro, debe constituirse una plataforma permanente de coordinación entre representantes de la fiscalía, Poder Judicial, PNP, serenos y empresas privadas de seguridad. Estas últimas cuentan con 107 mil efectivos, bien capacitados, que disponen de 45,817 armas de fuego registradas y centenares de vehículos.
