Pese a que lleva 20 años colaborando con la justicia, señala
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, criticó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, por haber solicitado que no se acepte la apelación que presentó contra los 15 meses de prisión preventiva dictados en primera instancia contra su defendida.
“Los fiscales Vela y Pérez ya no tienen ningún reparo en mostrar su obsesión contra Keiko Fujimori afectando el debido proceso y queriendo evitar a toda costa la apelación contra la injusta prisión preventiva”, escribió Loza en su cuenta de Twitter.
En un documento enviado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Crimen Organizado, Rafael Vela pidió que se rechace la admisión a trámite de la apelación que presentó Giulliana Loza el lunes 3 de febrero. Según el coordinador del equipo especial, el pedido fue planteado formalmente fuera del plazo de ley de tres días luego de dictada la resolución de prisión preventiva.
“Levantamos nuestra más enérgica protesta por esta aberración jurídica y le pedimos a los fiscales que detengan su obsesiva fijación contra una persona que desde hace 20 años ha colaborado permanentemente con la justicia”, manifestó la abogada de Keiko Fujimori.
Cabe destacar que el fiscal José Domingo Pérez también presentó un nuevo documento a la sala de apelaciones, luego que el juez Víctor Zúñiga Urday, quien dictó los 15 meses de prisión preventiva, rechazara una primera solicitud para que no se admita la apelación de Loza.
“A Keiko Fujimori, que jamás ha tenido responsabilidades ejecutivas, ni siquiera se le quiere reconocer su legítimo derecho a apelar una prisión preventiva excesiva […] La apelación fue presentada dentro del plazo, cumpliendo todas las formalidades. El juez rechazó hasta en 2 oportunidades la petición de inadmisibilidad del fiscal Pérez Gómez», concluyó la abogada.
Keiko Fujimori, el 28 de enero, recibió 15 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones que se siguen en su contra y otros miembros de Fuerza Popular por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en las campañas del 2011 y el 2016.
