Más de 7 mil denuncias por minería ilegal en el Perú

por | Abr 18, 2024 | Actualidad

Según la Fiscalía de la Nación, más de 7,200 denuncias por minería ilegal se han presentado en el Perú desde 2019 hasta finales de 2023. Las regiones con más reportes son Madre de Dios, La Libertad, Ucayali y Cusco.

El reciente ataque perpetrado por contra la Minera Poderosa en Pataz (La Libertad), que resultó en una muerte y dos heridos, resalta las deficiencias en la estrategia gubernamental para erradicar este crimen, según expertos consultados por RPP Data.

Aunque el 40% de las denuncias por minería ilegal están judicializadas, solo 285 casos han obtenido una sentencia, señala el fiscal Federico Chávarry de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental. La demora se atribuye a la sobrecarga de los juzgados, que también manejan casos de otros delitos, y a la falta de jueces especializados.

Formalización minera: ¿solución o complicación?

La estrategia estatal para combatir la minería ilegal incluye el proceso de formalización minera, que busca integrar a los mineros informales al sistema formal. Sin embargo, más de 66 mil mineros tienen su registro suspendido en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por incumplir requisitos, lo que les permite operar sin sanción penal.

Ineficacia de la formalización

Según expertos, algunos mineros ilegales utilizan el REINFO para operar impunemente, ya que el registro les otorga inmunidad frente a sanciones penales. Además, la lentitud en el proceso de exclusión de los mineros incumplidos del registro perpetúa esta situación.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y otros expertos coinciden en que la estrategia actual no está funcionando. Argumentan que la informalidad minera está estrechamente ligada a otros crímenes y que se requiere una respuesta integral del Ejecutivo y el Legislativo para abordar este problema.

Ampliación del plazo de formalización

A pesar de los desafíos, el Congreso de la República ha ampliado el plazo del REINFO en varias ocasiones. Actualmente, se debate una propuesta para extenderlo hasta fines de 2027. Sin embargo, expertos cuestionan la necesidad de esta medida y señalan la urgencia de abordar el problema de manera más efectiva.

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