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Martes, Diciembre 1, 2020

MTC autorizó funcionamiento de empresa de manera irregular

Sin haber cumplido con los requisitos de ley

 

Congresista Jorge Castro exige a ministro Giuffra aclarar esta situación

En el ojo de la tormenta. Un nuevo cuestionamiento involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por haber autorizado a una empresa, que no cumplía con los estrictos requisitos para operar, como compañía verificadora de transportes usados. En dicha compañía una de las accionistas sería Juana Luz Carhuallanqui Porras, la hermana de César Cataño, el empresario aerocomercial investigado por lavado de activos.

Fue el 9 febrero del 2017 cuando María Jara, la entonces directora de la Dirección General de Transportes Terrestres (DGTT), a través de la resolución 373-2017-MTC/15, autorizó por primera vez a la empresa SERVIMOTRIZ S.A. a operar durante un año como una entidad verificadora de los automóviles usados.

Esta autorización tenía como objetivo que la compañía de Jorge Rómulo Valencia, el apoderado de la sociedad anónima en la que Juana Luz Carhuallanqui es accionista, se encargara de la inspección física y documentaria de los vehículos para cumplir con el procedimiento de nacionalizarlas por los sistemas de importación regular, de CETICOS y ZOFRATACNA.

Lo que establecía la resolución suscrita por María Jara era que la sociedad que estaría encargada del funcionamiento de la inspección, debía cumplir con las condiciones de contar en el momento con una certificación de ISO 9001:2000 y una Carta Fianza Bancaria.

Gato encerrado

Estos requisitos eran indispensables para la entidad porque en ambos casos garantizaban el funcionamiento que la compañía anónima iba a tener luego de haber sido autorizada por la DGTT a cargo de María Jara. Es decir, desde febrero del año pasado.

Lo que se pone en bandeja es que el MTC, mediante el DGTT, debía corroborar que los requisitos que se le exigían a Servimotriz estaban conforme a lo solicitado. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que la empresa no cumplía con lo establecido en la resolución escrita por Jara.

Por ese motivo, mediante un oficio y un memorándum emitido el 07 de julio del año pasado se acreditaba que la empresa de Jorge Valencia no había sido registrada con el certificado ISO que el MTC le pedía.

Asimismo, el 21 setiembre del mismo año se supo que la sociedad anónima tampoco había entregado la Carta Fianza por el monto de 500 mil dólares exigido como requisito para que la compañía de Valencia tenga la autorización de empresa verificadora de autos usados.

El 11 de enero del 2018, el despacho del congresista Jorge Castro le envió un oficio solicitándole al ministro Bruno Giuffra explicar las razones por las que la DGTT resolvió la resolución autoritativa de funcionamiento a favor de Servimotriz.

Sin embargo, hasta la fecha el congresista Castro no ha recibido ningún tipo de documento donde se le informe lo que ocurrió, desde su autorización por el MTC, con la empresa de Jorge Rómulo (apoderado).

La empresa Servimotriz S.A habría estado facturando y actuando con el conocimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el año pasado.

Sin haber cumplido con los requisitos de ley

 

Congresista Jorge Castro exige a ministro Giuffra aclarar esta situación

En el ojo de la tormenta. Un nuevo cuestionamiento involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por haber autorizado a una empresa, que no cumplía con los estrictos requisitos para operar, como compañía verificadora de transportes usados. En dicha compañía una de las accionistas sería Juana Luz Carhuallanqui Porras, la hermana de César Cataño, el empresario aerocomercial investigado por lavado de activos.

Fue el 9 febrero del 2017 cuando María Jara, la entonces directora de la Dirección General de Transportes Terrestres (DGTT), a través de la resolución 373-2017-MTC/15, autorizó por primera vez a la empresa SERVIMOTRIZ S.A. a operar durante un año como una entidad verificadora de los automóviles usados.

Esta autorización tenía como objetivo que la compañía de Jorge Rómulo Valencia, el apoderado de la sociedad anónima en la que Juana Luz Carhuallanqui es accionista, se encargara de la inspección física y documentaria de los vehículos para cumplir con el procedimiento de nacionalizarlas por los sistemas de importación regular, de CETICOS y ZOFRATACNA.

Lo que establecía la resolución suscrita por María Jara era que la sociedad que estaría encargada del funcionamiento de la inspección, debía cumplir con las condiciones de contar en el momento con una certificación de ISO 9001:2000 y una Carta Fianza Bancaria.

Gato encerrado

Estos requisitos eran indispensables para la entidad porque en ambos casos garantizaban el funcionamiento que la compañía anónima iba a tener luego de haber sido autorizada por la DGTT a cargo de María Jara. Es decir, desde febrero del año pasado.

Lo que se pone en bandeja es que el MTC, mediante el DGTT, debía corroborar que los requisitos que se le exigían a Servimotriz estaban conforme a lo solicitado. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que la empresa no cumplía con lo establecido en la resolución escrita por Jara.

Por ese motivo, mediante un oficio y un memorándum emitido el 07 de julio del año pasado se acreditaba que la empresa de Jorge Valencia no había sido registrada con el certificado ISO que el MTC le pedía.

Asimismo, el 21 setiembre del mismo año se supo que la sociedad anónima tampoco había entregado la Carta Fianza por el monto de 500 mil dólares exigido como requisito para que la compañía de Valencia tenga la autorización de empresa verificadora de autos usados.

El 11 de enero del 2018, el despacho del congresista Jorge Castro le envió un oficio solicitándole al ministro Bruno Giuffra explicar las razones por las que la DGTT resolvió la resolución autoritativa de funcionamiento a favor de Servimotriz.

Sin embargo, hasta la fecha el congresista Castro no ha recibido ningún tipo de documento donde se le informe lo que ocurrió, desde su autorización por el MTC, con la empresa de Jorge Rómulo (apoderado).

La empresa Servimotriz S.A habría estado facturando y actuando con el conocimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el año pasado.

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