Tras un año y medio de gobierno, las malas decisiones y actos de corrupción llevaron a Castillo a enfrentarse con la justicia peruana
Luego de diversos e inestables acontecimientos políticos en la gestión del ex presidente Pedro Castillo, todo terminó en un acabose. La Fiscalía de la nación inició diligencias preliminares contra Castillo, en su condición de presidente, por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346° del Código Penal).
De igual modo, también se le investigará por “la presunta comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado (art. 349° del Código Penal)”. En consecuencia, el día de ayer por la noche, fue conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
Cabe resaltar, que el pasado 12 de octubre, Castillo fue acusado formalmente a través de una denuncia constitucional de liderar una organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión en el marco de su gobierno. Ante esto, el ex mandatario señaló que no existían pruebas contra él y que se había puesto en marcha una nueva modalidad de golpe de estado.
Gobierno marcado por inestabilidades y constantes crisis políticas
Tras permanecer 18 meses en el sillón presidencial, el gobierno de Pedro Castillo se caracterizó por escándalos políticos, cuestionables gabinetes de ministros, testimonios de colaboradores eficaces, mociones de vacancia, entre otros conflictos gubernamentales. Y así es como finalmente, el día de ayer, Castillo fue oficial y legalmente vacado por el Congreso de la República como también denunciado por la Procuraduría al no respetar la Constitución Política del Perú y querer disolver el Congreso.
[ Lee más: Defensoría del Pueblo se pronunció hoy en la mañana ]
Crisis política en Perú, en vivo | Pedro Castillo, trasladado al penal donde cumple condena Alberto Fujimori
De esta manera, el político ha sido destituido tras disolver el Congreso y decretar un Gobierno de excepción. La Fiscalía confirma el arresto por el presunto delito de rebelión y conspiración