La Procuraduría se opuso al archivo del proceso, pero el magistrado rechazó su pedido y dejó a salvo el derecho a reclamar una reparación civil de S/ 200.000.

El Poder Judicial archivó el proceso penal contra el exministro de Salud Víctor Zamora por presuntas omisiones durante su gestión en la pandemia de la COVID-19, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. La decisión se tomó luego de que un juez supremo declarara fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento.

La resolución fue emitida el 20 de octubre por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien aceptó el pedido presentado el 11 de junio por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. El proceso estaba relacionado con el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en agravio del Estado.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 344, numeral 2, literal D, del Código Procesal Penal para declarar el sobreseimiento respecto de los dos hechos atribuidos al exministro.

El juez también declaró infundada la oposición presentada por la Procuraduría Pública a cargo del caso. Esta entidad había solicitado que el expediente fuera remitido a la Fiscalía Suprema correspondiente para que se corrigiera el requerimiento y se formulara una acusación penal contra Zamora.

Sin embargo, el archivo del proceso penal no impide que la Procuraduría reclame una reparación civil de S/ 200.000 a favor del Estado. Checkley dejó a salvo ese derecho y precisó que deberá ejercerse conforme a las normas procesales vigentes y la jurisprudencia aplicable.

La investigación contra Zamora se formalizó durante la gestión de la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a raíz de una resolución legislativa aprobada por el Congreso el 13 de diciembre de 2024. El Parlamento había aprobado el informe final de una denuncia constitucional contra el exministro y también dispuso su inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública por infracción a la Constitución.

Según la tesis fiscal basada en lo aprobado por el Legislativo, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, Zamora habría adquirido pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares para detectar la COVID-19. Esta decisión habría afectado el cerco epidemiológico y las medidas de aislamiento aplicadas durante la emergencia sanitaria.

El otro hecho investigado estaba relacionado con una presunta demora en emitir una disposición para establecer el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %. Según la acusación, una medida adoptada con anterioridad habría permitido que más pacientes accedieran a este tipo de oxígeno.

Con la decisión judicial, el proceso penal contra el exministro queda archivado por los hechos materia del requerimiento de sobreseimiento, mientras que la posibilidad de reclamar una reparación civil a favor del Estado permanece abierta conforme a ley.