La política peruana atraviesa uno de sus momentos más peligrosos y decadentes. Y no por la confrontación entre poderes, ni por el permanente caos institucional al que tristemente nos hemos acostumbrado, sino porque cada vez resulta más evidente que detrás de ciertas decisiones no existe un interés nacional, sino un vulgar instinto de supervivencia política.

La censura contra Balcázar pretende venderse como un acto de defensa de la gobernabilidad o incluso como una respuesta frente al supuesto fraude denunciado por algunos sectores.

Pero resulta evidente que esta movida no puede explicarse por los pocos meses que le quedan al actual gobierno. Sería absurdo pensar que semejante crisis política responda únicamente a dos meses de transición. Lo que realmente se percibe es otra cosa: abrir el camino para postergar elecciones y extender la permanencia de determinados sectores políticos por un año más.

Por eso, más allá del discurso público, quienes hoy votan por la censura de Balcázar terminan, en la práctica, votando por la posibilidad de quedarse un año más en el poder. Y esa sospecha se vuelve aún más fuerte cuando observamos quiénes empujan con mayor entusiasmo esta operación: sectores que jamás lograron verdadero respaldo ciudadano, partidos que no pasaron la valla o agrupaciones que saben perfectamente que unas elecciones inmediatas significarían su desaparición política.

Para ellos, prolongar el caos significa ganar tiempo; sobrevivir un poco más; seguir negociando cuotas de poder, favores y protección. Y cuando un político empieza a pensar primero en quedarse que en representar, la democracia empieza a pudrirse desde dentro. Las versiones que circulan sobre compromisos políticos y económicos pendientes con intereses extranjeros agravan aún más la sensación de descomposición institucional.

Porque si algo destruye una República no es únicamente la corrupción económica, sino la percepción de que las decisiones del poder ya no responden al país, sino a pactos ocultos y agendas privadas. El problema es que el Perú ya no tolera este tipo de maniobras.

La ciudadanía podrá estar cansada, golpeada o desencantada, pero entiende perfectamente cuándo la política deja de servir al pueblo y empieza a servirse de él.

La democracia tiene una regla básica: los mandatos tienen fecha de inicio y fecha de salida. Alterar artificialmente ese calendario por intereses políticos encubiertos no sería gobernabilidad; sería oportunismo. Y si el poder empieza a utilizarse para extenderse a sí mismo, entonces dejamos de hablar de representantes y empezamos a hablar de mercenarios de la política. Porque el verdadero fraude no sería electoral. El verdadero fraude sería robarle al país su derecho a elegir.

(*) Abogado y político