Primero fue la voluntad de un partido como Acción Popular. Hoy, lo que está en juego es la voluntad de millones de peruanos. Lo ocurrido en la jornada electoral del 12 de abril de 2026 no puede reducirse a un error logístico ni a una cadena de fallas aisladas. Estamos ante un episodio que ha erosionado la confianza en el sistema democrático y que, de no corregirse con firmeza, pone en riesgo incluso la continuidad del modelo económico.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la conducción de Piero Corvetto, no logró garantizar plenamente el derecho al sufragio. Hubo ciudadanos que no pudieron votar, mesas que no se instalaron a tiempo y una organización que, lejos de transmitir certeza, sembró dudas. Esa es una responsabilidad política directa. Pero hay algo aún más grave: decisiones y omisiones que terminaron afectando la participación de organizaciones políticas, entre ellas Acción Popular, debilitando la pluralidad democrática que el sistema debe proteger.

Cuando el órgano encargado de organizar elecciones se convierte en un factor de exclusión, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser institucional. Lo advertimos: lo que empieza afectando a un partido termina comprometiendo la voluntad general. Y en democracia, la voluntad popular no se administra, se respeta.

A ello se suma un escenario preocupante en el ámbito de la investigación. Según diversos reportes, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la DIRCOCOR, habría planteado medidas orientadas a evitar una eventual fuga de los investigados, bajo el supuesto de que “solicitaría” detención preliminar, allanamientos e incautaciones. El problema no es investigar; el problema es cómo se investiga.

En un Estado constitucional, la restricción de la libertad personal es una competencia exclusiva del juez. La Policía no puede impedir la salida del país, ni realizar seguimientos con fines restrictivos, ni ejecutar medidas que afecten derechos fundamentales sin mandato judicial. Saltarse esa frontera no solo es ilegal, es peligroso. Porque cuando el Estado actúa fuera de la ley, debilita la legitimidad de su propia investigación.

Más aún, el procedimiento es claro: la Policía no solicita directamente al juez una detención preliminar; canaliza su requerimiento a la Fiscalía, y es esta la que, de considerarlo pertinente, acude al órgano jurisdiccional. Hablar de medidas restrictivas basadas en un pedido que ni siquiera ha sido planteado ante un juez es jurídicamente impropio. Peor todavía: las filtraciones hacen ineficaz cualquier diligencia futura. Si había riesgo de destrucción de pruebas, la exposición mediática lo ha multiplicado.

El impacto trasciende lo jurídico. Cuando se instala la duda sobre la transparencia electoral, los mercados reaccionan, la inversión se enfría y el país entra en una zona de incertidumbre. El modelo económico —sostenido en reglas claras y estabilidad institucional— no sobrevive a procesos electorales cuestionados. Sin confianza, no hay inversión; sin inversión, no hay crecimiento.

La conclusión política es inevitable: Piero Corvetto no es idóneo para el cargo. Debe renunciar, pedir licencia o ser destituido por la Junta Nacional de Justicia. La ONPE no puede seguir siendo percibida como una institución que falla en lo esencial.

Pero —y aquí está la clave— incluso frente a esa responsabilidad, Corvetto tiene derecho a un debido proceso. Las filtraciones, los excesos policiales y las actuaciones sin respaldo judicial no fortalecen la justicia; la debilitan. Peor aún, le entregan al investigado la narrativa perfecta de victimización, útil incluso para cuestionar la legitimidad del proceso o alegar falta de garantías.

La democracia no se defiende con atajos. Se defiende respetando las reglas, incluso cuando investigamos a quienes las han vulnerado. Porque cuando el Estado cruza la línea, deja de impartir justicia y empieza a parecerse peligrosamente a aquello que pretende sancionar.

(*) Abogado y político