En las últimas semanas, mientras el Congreso insistía en incorporar a los Jefes de Práctica a la carrera docente universitaria, también avanzaba en la creación masiva de nuevas universidades públicas. Sin evaluación técnica de viabilidad, presupuesto suficiente ni capacidad real de funcionamiento, estas instituciones terminarán compitiendo por los recursos de las universidades ya existentes. Ambas iniciativas, lejos de ampliar de manera efectiva el acceso a la educación superior, agravan un problema estructural ya identificado: la proliferación de instituciones sin la masa crítica de académicos calificados que exige una verdadera universidad.
En los últimos meses, el Congreso promulgó por insistencia la Ley N° 32461 (octubre de 2025), que creó de una sola vez 20 universidades nacionales autónomas en 15 departamentos del país, incluidos Puno, Lambayeque, Cusco y Lima. Estas se sumaron a otras 20 universidades creadas durante 2025 mediante leyes específicas. Además, en lo que va del año se han establecido formalmente al menos seis universidades más por distintas normas, sin contar los proyectos aún detenidos en comisiones parlamentarias ni las leyes que declaran de interés nacional la creación de nuevas universidades en diversas zonas del país.
Una universidad no se define por su nombre ni por el lugar donde funciona. Necesita una masa suficiente de profesores con doctorados rigurosos —presenciales, a tiempo completo y de alrededor de cinco años—, líneas de investigación activas, capacidad para formar investigadores y producir conocimiento útil, así como una comunidad académica que promueva el debate intelectual y la colaboración. Sin esa base humana, las nuevas instituciones —muchas creadas mediante proyectos de ley casi idénticos, con poco debate y bajo presiones clientelares regionales— terminan convertidas en fábricas de grados y títulos que reproducen la mediocridad en vez de combatirla.
Los países con sistemas de educación superior de alto nivel han evitado dispersar indiscriminadamente sus universidades públicas. En Estados Unidos, el Plan Maestro de California de 1960, diseñado e impulsado por Clark Kerr, creó un sistema diferenciado y jerarquizado que se convirtió en referente mundial. Este modelo, que ofrece educación universitaria de muy bajo costo y accesible para los ciudadanos del estado, organiza el sistema californiano en tres bloques independientes y paralelos. En la cúspide se ubica la Universidad de California (UC), que pasó de seis campus originales a diez sedes oficiales: Berkeley, San Francisco, Davis, Los Ángeles, Riverside, Santa Bárbara, San Diego, Irvine, Santa Cruz y Merced. Este bloque quedó destinado, además de la docencia, para la investigación de excelencia y los posgrados de alto nivel.
El segundo bloque del Plan Maestro está integrado por las 22 Universidades Estatales de California (California State Universities), orientadas principalmente a la formación de estudiantes de pregrado y maestría con altos estándares de calidad. El tercer bloque lo conforman 116 colegios comunitarios (Community Colleges), que ofrecen educación técnica gratuita y accesible de dos años, con mecanismos claros de transferencia hacia la Universidad de California y las universidades estatales. Allí, los estudiantes obtienen un grado de Asociado en distintas carreras técnicas y pueden luego continuar estudios en universidades de cuatro años si así lo desean.
En síntesis, en Estados Unidos cada estado cuenta con universidades estatales concentradas y dotadas de recursos suficientes para sostener estándares críticos de calidad. Así, se ha ampliado el acceso a la educación superior sin debilitar a las instituciones de mayor nivel ni dispersar universidades de investigación en zonas remotas del territorio estatal.
Alemania ofrece otro ejemplo ilustrativo. En vez de multiplicar universidades tradicionales de investigación en cada región, desarrolló un sistema dual de formación profesional reconocido mundialmente, que combina aprendizaje remunerado en empresas con enseñanza teórica en escuelas técnicas. Así forma a gran parte de su fuerza laboral calificada sin exigir el paso por la universidad. Al mismo tiempo, las Universidades de Ciencias Aplicadas (Fachhochschulen) brindan educación superior práctica y de calidad en distintas zonas del país, con perfiles diferenciados, acreditación estricta y sin intentar replicar en todas las instituciones el modelo humboldtiano de investigación intensiva propio de las universidades de élite. En ese caso, predominó una estrategia de calidad y especialización antes que la dispersión geográfica.
En el Perú bastaría —y sería mucho más eficiente— consolidar una universidad pública sólida en cada región o departamento principal, con los recursos y el personal académico necesarios para funcionar con calidad. Ello permitiría atraer y retener talento nacional e internacional, impulsar investigación relevante y cumplir las tres misiones universitarias. Como complemento, convendría fortalecer e incluso rediseñar un sistema de educación superior técnica de dos o tres años, inspirado en los community colleges de Estados Unidos, que ofrezca formación práctica de alto nivel, certificaciones profesionales y vías de articulación con las universidades para quienes quieran continuar estudios. Este enfoque no contradice la Ley Universitaria 30220, que reserva a las universidades la investigación y el posgrado; por el contrario, aliviaría la presión sobre ellas para absorber toda la demanda postsecundaria y permitiría concentrar esfuerzos donde sí puede aspirarse a la excelencia.
En sentido contrario actúa la reciente aprobación por insistencia del Congreso que incorpora a los Jefes de Práctica como nivel inicial de la carrera docente universitaria. Aunque conserva formalmente el concurso público, la medida reconoce como docentes universitarios a profesionales cuya formación suele limitarse al pregrado o a maestrías de exigencia desigual, y cuya experiencia principal se concentra en el apoyo a prácticas y laboratorios. Con ello se debilita el estándar internacional de la docencia universitaria —dominio profundo de la disciplina, capacidad investigadora y actualización permanente— y se refuerza la endogamia institucional, al facilitar promociones internas en un contexto donde ya escasean los concursos abiertos y la incorporación de talento externo. El resultado previsible son aulas con menor densidad de conocimiento actualizado y un sistema con menos capacidad colectiva para elevar su nivel académico.
El Perú no tiene por qué resignarse a administrar este fracaso de manera indefinida. La salida no está en crear más universidades mediocres ni en rebajar los estándares, sino en concentrar recursos en instituciones con verdadera masa crítica de académicos y en construir un sistema educativo diferenciado y coherente. Solo así nuestras universidades podrán dejar de ser una deuda pendiente y convertirse, finalmente, en motores del desarrollo nacional.
(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República


