En el corazón de Jesús María, el Campo de Marte ha sido históricamente mucho más que un espacio verde sino un refugio cotidiano, un punto de encuentro y, sobre todo, un pulmón indispensable para miles de familias. Por eso, su actual deterioro no es un asunto menor ni una simple incomodidad visual. Es una señal de alerta sobre el tipo de ciudad que estamos construyendo y las prioridades que, como sociedad, estamos tolerando.

Lo que hoy se observa en sus áreas afectadas no puede maquillarse como una consecuencia inevitable del progreso. Los árboles debilitados, césped seco y zonas intervenidas sin una recuperación visible evidencian algo más profundo, una gestión que parece haber olvidado que el desarrollo urbano no puede darse a costa de la vida natural. Porque cuando el cemento avanza sin equilibrio, lo que retrocede no es solo el paisaje, sino también la calidad del aire, la salud y el bienestar colectivo.

En una ciudad como Lima, donde los espacios verdes son escasos y desigualmente distribuidos, cada metro cuadrado de parque cuenta. No se trata únicamente de estética urbana, sino de una necesidad ambiental urgente. La reducción de áreas verdes impacta directamente en la temperatura, en la calidad del aire y en la salud mental de los ciudadanos. Ignorar esto es, en la práctica, normalizar un deterioro que luego resulta difícil, y costoso, revertir.

Frente a esta situación, la indignación vecinal no solo es legítima, sino necesaria. Sin embargo, debe traducirse en propuestas concretas que exijan respuestas inmediatas. Como, por ejemplo, un plan de emergencia hídrica que no debería ser visto como una medida extraordinaria, sino como una obligación básica, dado que el mantenimiento de áreas verdes no puede depender del ritmo de obras que, a juzgar por los hechos, se extienden más de lo previsto.

A ello se suma la urgencia de establecer mecanismos reales de vigilancia ciudadana. La transparencia no puede seguir siendo un discurso vacío. Los vecinos tienen derecho a conocer los cronogramas, los presupuestos y los responsables de las intervenciones que afectan directamente su entorno. La participación activa no solo fortalece la democracia local, sino que también previene abusos y negligencias.

Finalmente, cualquier daño ambiental debe tener consecuencias claras. Las sanciones a las empresas responsables no solo deben ser ejemplares, sino también acompañadas de acciones de reparación concretas. La reforestación no es un gesto simbólico, es una inversión en el futuro. Cada árbol recuperado es una pequeña victoria frente a la degradación urbana.

El Campo de Marte no es un lujo ni un adorno. Es una necesidad vital para Jesús María y para toda Lima. Permitir su deterioro sería aceptar, sin resistencia, una ciudad menos habitable. Recuperarlo, en cambio, es un acto de responsabilidad colectiva. Porque defender nuestros espacios verdes no es oponerse al progreso, es exigir que ese progreso tenga sentido.

(*) Analista político