Por: Camila Maylle
Se augura un nuevo reclamo popular. Entrando al segundo mes del año teñido con feminicidios de catorce mujeres en enero; el presidente de la República, Pedro Castillo, decidió juramentar el tercer Gabinete de ministros en seis meses de gestión. Y no tuvo mejor idea que colocar el premierato en manos de un presunto agresor de mujeres, Héctor Valer Pinto, el cual tiene denuncias por violencia familiar de parte de su fallecida esposa y su hija, la cual vio expuesto su perfil frente a todo el Perú.
Esta no es la primera vez que las mujeres peligran en un país que no piensa en su seguridad. El extitular de la PCM, Guido Bellido, escribió mensajes machistas en sus redes sociales. Además, de la acusación de Patricia Chirinos donde le dice que solo falta que la violen, como si fuera un comentario sin trasfondo social. El ejemplo que da el Ejecutivo es que las ciudadanas tienen el rango de segunda categoría.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló que 29 de cada 100 mujeres maltratadas físicamente buscó ayuda. Una cifra visibilizada en la denuncia de Ana María Montoya, que ahora ve manchado su nombre por un sujeto que prefiere hacer oídos sordos al certificado médico que verifica el acto. Y como si fuera poco, comparó la situación de su hija, Catherine Urselia Valer, con la de un padre que reprendió a su hijo en Miraflores por comentarios clasistas contra la Policía Nacional del Perú.
Es por ello, que un grupo de parlamentarias, académicas y mujeres de prensa emitieron un comunicado donde desaprobaron el nombramiento del hombre que se considera una bala de plata. Es una protesta que busca ser oída por el mandatario que barajó el feminicidio como producto de la ociosidad que genera el Estado.
A pesar de este tórrido contexto, la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte, se coronó mostrándose indiferente. Por el contrario, la exministra de la cartera, Gloria Montenegro, alzó su voz por miles de mujeres, catalogando de burla e insulto su designación. También, exhortó la salida del ministro de Defensa, José Gavidia, quien respondió a los cuestionamientos de Valer Pinto, denominando sus acciones como temas personales.
Aunque intente desmentir lo sucedido, el apañamiento implícito del hecho seguirá siendo una problemática, la cual será recordada en un cargo importante. El Congreso de la República tiene el deber de no otorgar la confianza, una vez más, a un Consejo de ministros presidido por una figura de poder que no enfrenta consecuencias por sus acciones. Si el Gobierno sigue en esa línea, tendremos un país distópico con desigualdad de género normalizada.
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