Nuevo escándalo alcanza a Zoraida Ávalos
Los peritos fiscales designados por la gerencia general y la gerencia de peritajes no cumplen con los requisitos profesionales y académicos fijados en los términos de referencia de los contratos que han suscrito con la institución.
Esta situación es muy grave porque podría suponerse que tales nombramientos irregulares, en realidad, responden a un intento de manipular procesos de investigación claves a raves de estos peritos bamba, que son los que tiene a su cargo la determinación contable de los daños al Estado.
Lo peor es que una vez que sean cesados en sus cargos, como debe ocurrir, los perjudicados podrían solicitar al Poder Judicial la nulidad de decenas de peritajes realizados por estos contadores no calificados, con lo cual los procesos se caerían.
Los peritajes fiscales pueden ser decisivos para la determinación de la situación de un denunciado, por ello la designación de los peritos fiscales (tarea a cargo de la oficina de peritajes de la gerencia general del Ministerio Público) debe cumplir estrictos requisitos como lo señala el reglamento de organización y funciones y otros documentos de gestión de la Fiscalía, entre ellos el de una adecuada calificación profesional.
Sin embargo, esta obligación no habría estado siendo cumplida, pues con el visto bueno de la gerencia general, dependiente directamente de la Fiscalía de la Nación, se ha estado nombrando a profesionales que no tienen el perfil ni cumplen los requisitos necesarios para su importante labor de apoyo a la justicia.
Según diversos especialistas consultados la razón de estas contrataciones irregulares ejecutadas por los funcionarios de la gerencia de peritajes, podrían tener el presunto fin de direccionar la presencia de este personal profesional en investigaciones importantes en la que buscarían influir, razón por la cual han sido denunciados por el delito de colusión.
Ahora la Contraloría y la Comisión de Fiscalización del Congreso deberían realizar la investigación sumaria correspondiente para determinar las responsabilidades, pues no sería lógico que la Fiscalía se investigue a sí misma.
Igualmente tendría que solicitarse la opinión del colegio de contadores públicos a fin de pronunciarse sobre la calidad profesional de los supuestos servicios prestados a la Fiscalía.
