En una peligrosa decisión que puede encender la pradera con un incalculable costo social, el gobierno central aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay durante 30 días debido al inicio del paro indefinido que empezará hoy en contra el proyecto minero Tía María.
El sustento de la resolución suprema N° 080-2019-IN publicada ayer en el diario El Peruano, es para mantener “el orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”.
En concreto, los militares brindarán apoyo a la labor de seguridad y orden que prestan los policías, ante el paro indefinido que se llevará a cabo en la provincia de Islay, en oposición al proyecto minero Tía María.La disposición se asume con el respaldo del Decreto Legislativo N°1095 que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pero también se resalta que la intervención no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales como la libre transitabilidad.“La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población”, refiere.
Precisamente, por eso es que se teme que una intervención de las FF. AA. es contraproducente, pues los manifestantes pueden tomar la medida como un acto de provocación por parte del Ejecutivo y la reacción de estas, lo que generaría un grave estado de violencia.
“VITOCHO” GARCIA: “FF.AA.
REPRIMEN CON VIOLENCIA”
Por ello, el congresista acciopoulista Víctor Andrés García Belaunde calificó de “irracional y desesperada” la medida debido a que las Fuerzas Armadas no están preparadas para tratar a la población en forma disuasiva en caso de aun posible enfrentamiento, sino que ejercen una represión más violenta y eso podría generar hechos de sangre.
“Es una exageración, una manera evidente de romper el diálogo. Creo que hay que sacar a las Fuerzas Armadas es extrema cuando se tiene a la Policía a mano y que tiene un mejor trato, una cercanía mayor con la población. Cando la gente ve militares, inmediatamente hay una chispa en potencia. En cambio, la policía es más dialogante, tiene mayor delicadeza para convencer a la población, mientras que el militar saca el tanque o el fusil y pude causar algo de consideración, sobretodo en una zona donde la gente suele ser contestataria como es el Sur. Es una medida irracional y desesperada esperada irracional que demuestra que el gobierno no quiere dialogar, sino imponer violencia. Si algo grave pasa, el pagano va ser el Congreso porque cuando lo maltrató Cáceres Llica, Vizcarra pidió adelanto de elecciones. Si esto causa sangre o le quita puntos en su popularidad, inmediatamente se nos va a venir encima para recuperarlos. Es màs, nosotros deberíamos convocar a los ministros del Interior, de Defensa y al de Energía a explicar el porqué de esta decisión tan riesgosa”, advirtió.
ZENÓN CUECA QUITA
PISO A CÁCERES LLICA
“Yo soy un convencido de que los problemas complejos se pueden resolver y debatir en las mesas de diálogo. Invocaría al gobernador Cáceres a que retome el diálogo. Sé que se trata de una licencia que se dio por cumplir un acto administrativo. Ahora veamos qué se puede hacer para evitar protestas”, instó el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cueva.
Como es sabido, Cueva es muy crítico sobre el papel de la empresa minera Southern; sin embargo, recomendó a su homólogo de Arequipa, Elmer Cáceres, dejar de lado su posición e iniciar una mesa de diálogo para resolver el conflicto por el proyecto Tía María. De igual forma, pidió a dicha empresa sentarse a oír la voz de los afectados.“Yo disiento de la forma de trabajar de Southern, la considero poco confiable pero la empresa se le debe dar la oportunidad de escuchar las exigencias de los afectados en el valle de Tambo. Por tanto, Cáceres y a gente deben acercarse a ofrecer propuestas. En caso Southern no acepte, allí sí deberíamos evaluar otras medidas”, adujo.
