Por: Federico Prieto / Escojo al azar tres metidas de pata que descalifican al actual parlamento: 1) reducir en el peor momento los fondos de los afiliados a las AFP en un 25%, dinero que pueden cobrar de inmediato, cuando el gobierno ya había autorizado que podían sacar mil soles mensuales, dos veces, para atender a la necesidades de urgencia; 2) autorizar aumentos al personal de EsSalud, cuando el poder legislativo no tiene iniciativa en el gasto, aunque haya informado a la presidenta lo que iba a perpetrar; y 3) dejar sin efecto contratos internacionales, prohibiendo a los peajes cobrar la cuota correspondiente, contraviniendo contratos del estado peruano con compañías colombianas, canadienses, australianas y francesas.
La tercera medida ha provocado una insólita carta de los embajadores de las naciones citadas al presidente del Congreso, protestando por la ley que afecta a las empresas de sus países. Como ha sugerido César Campos, es probable que la carta haya sido previamente consultada a la cancillería peruana, y ha recibido un pasivo V° B° para su envío al primer poder del estado, quitando el poto a la jeringa, como diría Martha Hildebrandt. Se puede criticar el procedimiento pero es clara la razón del reclamo.
El ministerio de Economía y Finanzas ha marcado distancia entre su política y estas demagógicas medidas legislativas, lo que ha beneficiado a todo el poder ejecutivo, ya que el presidente de la República no ha firmado las leyes, que han rebotado al palacio legislativo. Pero ha sido precisamente el presidente Martín Vizcarra el autor intelectual, festinando trámites constitucionales, al haber cambiado de facto el mal parlamento anterior por el pésimo actual. Él se lo guisa en su salsa y él se lo come en la práctica.
Federico Salazar llama a los parlamentarios destructores de la economía nacional. Es cierto. Van en la línea de los marxistas, de cambiar el régimen económico de la Constitución política, lo último que nos faltaba para perder lo poco que habíamos ganado en estabilidad económica, tan útil para enfrentar la pandemia de coronavirus. Lástima que el afán desmedido de poder del ministro de Salud, sordo a iniciativas sociales valiosas, haya impedido que el dinero se use rápido y bien. No se ha sabido adquirir ni distribuir las herramientas indispensables en el número adecuado, ni diseñar una estratégica de trabajo médico, desprotegiendo la salud del personal sanitario.
El equilibrio entre la protección de la salud pública y la estabilidad económica es ahora el reto principal. De ello depende el buen manejo del presupuesto público y la recuperación de las libertades individuales y labores garantizadas en la carta magna. Un caso que desanima es la denuncia de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Afirman haber presentado al gobierno el siete de abril los protocolos complementarios para su evaluación, considerando un 50% de aforo en sus establecimientos, pero no han sido considerados en las fases 1 y 2, poniendo en riesgo la cadena de pagos y la supervivencia de las marcas nacionales.
(*) Periodista y analista político.
