El Ejecutivo, bajo el gobierno de Dina Boluarte, aprueba un decreto de urgencia para materias económicas y financieras
Aunque las interpretaciones sobre la recesión en Perú este año sugieren que es probable que la economía del país experimente el esperado efecto de recuperación en 2024, tras un 2023 trágico en el que el PBI se contrajo a niveles no vistos en décadas, el nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, elige adoptar una postura más cautelosa.
Recientemente, el nuevo titular de la cartera compartió su opinión sobre la postura optimista de su predecesor, el economista Alex Contreras, quien dejó el cargo afirmando que había dejado una «economía reactivada, creciente y en expansión«. «Hay algunos indicadores de enero que le permiten tener esa opinión, pero en estadística no se puede inferir una tendencia con solo un punto de datos. Siempre digo que me gustaría tener el 10% del optimismo que tiene Alex. Esperemos ver los resultados en los próximos meses«, dijo Arista en RPP.
Después de un 2023 con varios planes para reactivar la economía, como las 25 medidas del Plan Unidos, el gobierno ha aprobado un decreto de urgencia con diez iniciativas en «materia económica y financiera para la reactivación económica local y familiar«, según una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Este decreto también incluye avances en otras propuestas previamente anunciadas.
Ejecutivo reconoce que la economía no se está recuperando
Tras la incorporación de cuatro nuevos ministros en el gabinete Otárola, el Ejecutivo ha aprobado diez nuevas medidas para impulsar la reactivación de la economía peruana. Con esta nueva normativa, el Gobierno muestra transparencia en sus acciones:
“A pesar de que las expectativas económicas para el cierre del año 2023 proyectaban una recuperación de la economía del país, esto no se ha observado, lo cual conlleva a una afectación de los actores económicos, con principal énfasis en los sectores más vulnerables, al verse reducido el crecimiento del Producto Bruto Interno, los niveles de consumo privado, inversión privada y empleo”.
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Aprueban decreto de urgencia con diez medidas para la reactivación
Estas diez nuevas medidas del Gobierno se centran en áreas específicas y abordan una variedad de temas, como las cajas municipales, los productores agropecuarios, las micro y pequeñas empresas (mypes) e incluso la infraestructura vial. Las normas recién aprobadas incluyen lo siguiente:
Las Cajas Municipales de Crédito Popular y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ahora están obligadas a implementar un acuerdo de capitalización que incluya todas las utilidades generadas en el año 2023.
Se autoriza una transferencia de fondos a favor del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) por un monto de S/100 millones, como parte del plan de reactivación rápida de la economía denominado «Plan Unidos».
Se dispone que la calificación de riesgo para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC) registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, debe ser de categoría C o superior según los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 o más recientes.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), llevará a cabo, de manera excepcional, labores de mantenimiento en la infraestructura vial de caminos de herradura, caminos vecinales y trochas carrozables en centros poblados rurales y áreas rurales.
Se aprueba el financiamiento para la compra de bienes manufacturados por las micro y pequeñas empresas (MYPE). Se ha autorizado una transferencia de S/290 millones 175 mil 391 al Ministerio de Producción (Produce) para adquirir los denominados kits escolares a través del programa «Compras a MYPErú».
Los gobiernos locales distritales identificarán a los beneficiarios que no recibieron la canasta de alimentos según lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 31728. Además, se registrarán nuevos beneficiarios para la entrega de alimentos a la población vulnerable.
Se impondrá mayor responsabilidad y restricciones en el uso de los recursos.
Se autoriza a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a cumplir con las garantías proporcionadas en el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos, conocido como «Programa REACTIVA PERÚ«.
Se suspende temporalmente la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1275, que establece el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Locales. Esta disposición exigía que, antes de celebrar contratos de Asociaciones Público Privadas o convenios de Obras por Impuestos, los Gobiernos Regionales y Locales cumplan con las reglas fiscales definidas en el artículo 6 de la mencionada ley.
Se aprueba, como disposición complementaria final, que las inversiones en Infraestructura Hidráulica del Sector Hidráulico del servicio de agua para riego del Sector Agrario y de Riego estarán sujetas a los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556. Esto significa que las contrataciones de bienes y servicios menores a ocho UIT necesarias para la implementación de la Reconstrucción con Cambios estarán exentas del Procedimiento de Contratación Pública Especial.
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