Un día como hoy, el ex presidente, anunció la disolución del Congreso
Hace un año, en esta fecha, Pedro Castillo trató de llevar a cabo un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de emergencia. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito debido a la firme defensa del orden constitucional, lo que resultó en la destitución de Pedro Castillo de su cargo como presidente de la República.
En un sorpresivo comunicado dirigido a la Nación, Castillo comunicó ese día su decisión de poner en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Además, anunció la convocatoria a elecciones en un plazo de nueve meses con el propósito de elegir un nuevo Congreso con facultades constituyentes.
El ex presidente Castillo tomó estas medidas horas previas a la sesión planificada en el Congreso de la República, donde se debía llevar a cabo la votación sobre la tercera moción de destitución en su contra. Esta vez, la medida se tomaba a raíz de las acusaciones de corrupción asociadas a su administración.
Después de recibir el comunicado, en el que estuvo acompañada por la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, varios ministros de Estado expresaron su desacuerdo público con la decisión, presentando sus renuncias y haciendo un llamado al pleno respeto por la democracia y la institucionalidad del país.
Las entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional rechazaron el golpe de Estado llevado a cabo por Castillo y respaldaron la continuidad del orden constitucional. Después de instar a la tranquilidad de la ciudadanía, recordaron que nadie debe obedecer a un gobierno que haya usurpado el poder.
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El Congreso de la República aprobó, con 101 votos, la vacancia de Pedro Castillo «por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional» e intentar «usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado, y violentar el orden establecido por la Constitución».
Después de afirmar que Castillo era permanentemente incapaz moralmente, el Congreso procedió a implementar el sistema de sucesión constitucional delineado en la Carta Magna, convocando así a la segunda vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.
Después de declarar el cierre del Congreso, Castillo fue arrestado por la policía al abandonar el Palacio de Gobierno. En ese momento, se dirigía a la embajada de México con su familia en busca de asilo.
Posteriormente, por orden del Ministerio Público, fue llevado a la sede de la Prefectura de Lima, acusado de presunta rebelión y violación del orden constitucional.